El exsecretario general del PP de Madrid Franciso Granados ha señalado a Esperanza Aguirre y a Francisco Granados como los que controlaban todos los asuntos que se trataban en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que están siendo investigados en el marco de la 'trama Púnica'. El PSOE ha adelantado que llamará comparecer en la comisión de financiación irregular del PP en el Congreso a todos los señalados por el exidirigente popular.

Así, ha sostenido por ejemplo, ante el juez del caso, Manuel García Castellón, que los nombramientos los decidían ambos, Aguirre y González, y "no sé si en este orden". En el caso de la extinta Arpegio, empresa pública del suelo vinculada a la trama, Granados ha señalado en su defensa que delegó su responsabilidad en el exconsejero delegado, Eduardo Larraz, por orden directa de Aguirre, que fue su mentora en el PP de Madrid hasta que perdió la confianza en él y le reemplazó, tanto en el partido, como en el Gobierno regional, por su rival interno, González.

Larraz está investigado en la 'Púnica' por diversas irregularidades, después de que los investigadores descubrieran que guardaba en una cuenta en Suiza 146 lingotes de oro, valorados en casi dos millones de euros. Respecto al capital que Granados atesoraba en Suiza, 1,6 millones de euros, el exdirigente del PP Madrid ha insistido este lunes que lo obtuvo de su actividad en la bolsa cuando trabaja en la entidad Crédit Lyonnais y que cuando traspasó esta cantidad a su exsocio David Marjaliza, este le cobró una comisión de 200.000 euros por la operación.

Asimismo, Granados se ha detenido en explicar la gestión del Plan Prisma, el plan regional de inversiones y servicios, que también ha sido puesto en cuestión. El exnúmero 2 del PP en Madrid ha asegurado que Aguirre decidió controlar los fondos de esta partida, de modo que las adjudicaciones pasaron a depender directamente de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Según su versión, porque Aguirre estaba harta de los alcaldes y de que especialmente los del PSOE no la invitaran a las inauguraciones.

LAS ADJUDICACIONES

En cuanto a las adjudicaciones de obra pública en materia de infraestructuras, ha explicado que en las obras del metro, al principio, se contrataba a las grandes empresas porque eran las que disponían de tuneladoras, pero, más adelante, y en otras obras como tranvía o metro ligero, se empezó a contratar a constructoras medianas.

A este respecto, Marjaliza señaló en una de sus comparecencias que el exconsejero madrileño comentó en una cena que las licitaciones que se llevaban las grandes constructoras, él intentó dárselas a empresas medianas (Albi, San José, Teconsa), y que el empresario Florentino Pérez, molesto por ello, se habría encargado de lograr que su jefa, Esperanza Aguirre, le cesara como consejero.

Por otro lado, Granados se ha referido ante el juez a la relación sentimental que González mantuvo con la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, para situar a la actual líder del PP de Madrid entre las personas con poder decisorio en los años investigados.

FINANCIACIÓN ILEGAL

Antes del receso, Granados no había entrado aún a hablar de la supuesta financiación irregular del PP madrileño, si bien fuentes de su defensa han apuntado a que descargará la responsabilidad en Aguirre, que era quien "lo supervisaba todo", y en González. En concreto, citará una famosa frase de la exlideresa: "Todo se puede delegar salvo la supervisión".

También expondrá que la financiación del PP de Madrid no era cosa suya sino de González y, por extensión, de Aguirre, según las fuentes de su defensa, que han asegurado que Granados pretende "contar todo lo que sepa", "tocar todos los puntos" que le afectan en esta causa, y defenderse de las acusaciones que se han vertido en su contra.

Fundamentalmente de las que ha hecho Marjaliza, quien ha decidido colaborar con la Fiscalía y en sucesivas comparecencias ha ido desgranando el sistema que supuestamente tenía implantado Granados para el cobro de comisiones y otras prácticas corruptas valiéndose de sus cargos, primero en el Ayuntamiento de Valdemoro y después en la Comunidad de Madrid.

Con el fin de descartar su responsabilidad, Granados solicitó al juez que citara en calidad de investigados a Aguirre y González, así como a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, una petición que el magistrado ha rechazado.