Los cocineros Juan Mari Arzak y Pedro Subijana comparecerán el lunes ante el juez Fernando Andreu como imputados por un delito de colaboración con banda armada después de que el etarra José Luis Beotegi asegurara que habían pagado el llamado impuesto revolucionario a ETA. Fuentes judiciales explicaron que el magistrado quiere darles la oportunidad de defenderse.
En los próximos días también serán llamados a declarar, como testigos, los restauradores Karlos Arguiñano y Martín Berasategi, a los que ETA reclamó el pago.
Beotegi declaró el lunes que entregó las cartas a los cuatro cocineros exigiéndoles, a cada uno, 72.000 euros (12 millones de pesetas). Presuntamente, Arzak, cuya esposa es familiar de Beotegi, negoció una rebaja en su nombre y en el de Subijana. Según el etarra, ambos pagaron 36.000 euros (6 millones de pesetas) y se comprometieron a pagar el resto en plazos anuales de 6.000 euros.
Por contra, el etarra explicó que pensaba que Arguiñano y Berasategi no habían pagado porque él no les recogió el dinero. Por ese motivo, el juez les citará como testigos, ya que no hay indicios suficientes sobre su pago.
El Gobierno vasco rechazó ayer el "juicio público" a los cocineros y recordó que no es a las víctimas a quien hay que juzgar. La patronal Confebask consideró "absolutamente repudiable el linchamiento moral" y criticó la filtración de la declaración del etarra, informa Ana Garbati.
