El pasado martes, mientras el Congreso votaba una moción de Ciudadanos sobre la futura y supuesta concesión de indultos a los líderes independentistas encarcelados, a las puertas del Congreso aguardaba un autobús de la plataforma alentada por el partido naranja, España Ciudadana, con los rostros de Junqueras y Puigdemont y gruesas letras blancas en las que se podía leer «Indultos no».
Si el caballo de batalla de PP y Cs después de la moción de censura fueron los «socios separatistas» que habían aupado a Pedro Sánchez a la Moncloa, ahora lo es la posibilidad de que el presidente del Gobierno «devuelva el favor» a ERC y PDeCAT en forma de indulto. Un indulto a unos políticos en prisión preventiva sobre los que todavía no pesa condena alguna y que ha embarrado el debate en el Congreso con gritos de «golpistas» y «fascistas», la expulsión de Gabriel Rufián y la no demostrada acusación a otro republicano de haber escupido a Josep Borrell.
MANIFESTACIONES EN CONTRA / El Gobierno defiende que comprometerse a negar posibles indultos sería contrario a la ley actual, que indica que puede aplicarse «para todo tipo de reos» sin excepciones. Este argumento le ha servido para no pronunciarse. Ahora, Ciudadanos quiere trasladar el debate a las calles y convocó una manifestación el sábado en Madrid. Lo mismo hará el partido de ultraderecha Vox una semana más tarde.
El debate sobre los indultos a los presos independentistas llega con la reforma de la ley que la regula y que está atascada en la Comisión de Justicia del Congreso. Y es aquí donde el PP ha centrado su batalla. La reforma parte de una iniciativa del PSOE en el 2016 que pretendía eliminar la posibilidad de indultar a condenados por violencia de género o a cargos públicos sentenciados como corruptos. Y ello incluye la malversación, que sobrevuela sobre los líderes independentistas.
Nadie contemplaba entonces que Cataluña acabaría llevándose el protagonismo en una reforma que surgía como antídoto contra la corrupción. Los populares introdujeron una enmienda para vetar los indultos a los condenados por rebelión o sedición, con la vista puesta en el procés.
La ley no exige que sea el preso quien inicie el procedimiento. Obliga al Gobierno a solicitar un informe sobre la conducta del penado al Jefe de la prisión donde cumpla la condena, escuchar las recomendaciones del fiscal y pedir también un informe previo al tribunal sentenciador, en el que este se pronuncie sobre si considera conveniente o no el indulto. No es público y tampoco vinculante, por lo que el Ejecutivo puede hacerle caso omiso.
