Los impuestos de sucesiones y de patrimonio gravarán sólo las fortunas a partir de unos 500.000 euros (más de 83 millones de pesetas), según los planes del PSOE. La estrategia socialista con respecto a estos gravámenes cedidos a las autonomías se centra en eximir del pago al 85% de sus actuales contribuyentes, las rentas medias y bajas, pero sin suprimirlos como preveía hacer el PP.

El nuevo sistema consiste en cuadruplicar el mínimo exento general del impuesto sobre patrimonio, situado ahora en 108.200 euros (18 millones de pesetas) --con la excepción de la vivienda habitual, hasta 150.253,03 euros (25 millones de pesetas)-- y convertirlo en "una función creciente respecto de la edad". En sucesiones, el mínimo general exento actual es de 18.000 euros.

Las reformas se negociarán con las autonomías, que serán las principales afectadas por la merma de ingresos.

Por otro lado, los socialistas han descartado llevar a cabo de forma inmediata una reforma traumática de la tributación de las plusvalías (como la venta de inmuebles, acciones, fondos de inversión y otros activos), las cuales están sometidas en el impuesto sobre la renta (IRPF) a un tipo fijo del 15% a partir del primer año de generación.