El próximo 9 de mayo decaerá el estado de alarma. Al menos, esa es la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la pasada semana rechazó prorrogar esta medida constitucional. Estos planes se han ganado el rechazo de los socios del Ejecutivo de coalición y de otras formaciones políticas que exigen a Sánchez que ponga sobra la mesa una "alternativa" a la alarma en su comparecencia, el próximo miércoles, en el Congreso de los Diputados para dar cuenta concretamente sobre la pandemia y el funcionamiento de esta medida.

El PNV, EH Bildu, PDECat, Más País y Compromís han señalado este martes que la situación epidemiológica no mejorará de manera sustancial del 9 al 10 de mayo y que, por tanto, si el Gobierno no quiere ampliar el estado de alarma vigente desde el 25 de octubre, deberán ofrecer una "alternativa jurídica". Esta exigencia, además, la respaldan también varias comunidades autonómicas -País Vasco, Andalucía o Murcia- que proponen prorrogar la medida.

Críticas de aliados

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado este miércoles que "habría que buscar una solución política para llegar y dar cobertura y seguridad jurídica a todas las acciones" que se lleven acabo tras el 9 de mayo para mantener las restricciones. A su entender, las autonomías no tienen "instrumentos legales" suficientes, como defienden los miembros del Gobierno. En la misma línea, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido a Sánchez que "busque una alternativa jurídica y política" o estará "obligado a prorrogar el estado de alarma".

Su homólogo en Más País, Íñigo Errejón, se ha mostrado "atónito" ante el hecho de que Sánchez vaya a comparecer este miércoles en el Congreso y aún no se sepa "qué va a decir". "Al Gobierno le corresponde traer una alternativa", ha reivindicado a renglón seguido. Por su parte, su compañero de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que "lo más razonable del mundo" sería que el jefe del Ejecutivo convocara la conferencia de presidentes autonómicos para tomar una decisión conjunta. "Esperamos que nos diga mañana qué va a pasar el 10 de mayo", se ha sumado el portavoz del PEDat, Ferran Bel.

Todos los dirigentes han coincidido a la hora de señalar que los instrumentos de que disponen actualmente las comunidades para mantener restricciones de movilidad requieren del visto bueno de la justicia, lo que podría suponer desigualdades territoriales. "Los hechos nos remiten a que en distintas comunidades autónomas, las mismas decisiones eran aceptadas por los tribunales y en otros casos eran tumbadas, ha explicado Baldoví.