La sala de lo civil del Tribunal Supremo hizo ayer historia al condenar a 11 magistrados del Tribunal Constitucional a pagar a un abogado una indemnización de 500 euros cada uno por negligencia. El Supremo acusa a sus colegas del alto tribunal de haber actuado con soberbia al inadmitir un recurso de un abogado que protestó por la designación a dedo de los letrados del Constitucional. La decisión provoca una crisis sin precedentes en el largo enfrentamiento que mantienen ambos tribunales.

El abogado de Murcia José Luis Mazón recurrió ante el Supremo la designación de los letrados del Tribunal Constitucional. Su demanda fue rechazada por tres votos a dos, por lo que acudió en amparo ante el Constitucional. Sin embargo, solicitó que ese recurso fuera resuelto por otros jueces, ya que los magistrados del Constitucional estaban implicados en el conflicto al haber elegido a sus letrados.

El pleno del Constitucional rechazó esa pretensión el 18 de julio del 2002 por entender que la demanda "no se dirigía a este tribunal sino a otro hipotético que le sustituya". En esa decisión no participó el magistrado Fernando Garrido, que estaba ya enfermo y que falleció el pasado mes de marzo.

"SOBERBIA Y PREPOTENCIA" Mazón consideró que esa respuesta era "impropia" de un tribunal. Por ello, presentó una demanda civil ante el Supremo. El letrado se sintió "perjudicado" por el Constitucional y exigió una indemnización de 11.000 euros y una declaración de actuación negligente con dolo (intencionalidad) para provocar el cese de los jueces del alto tribunal.

Sorprendentemente, la sala de lo civil del Supremo le ha dado en parte la razón. Diez de sus 11 magistrados han apreciado una conducta negligente con culpa en sus compañeros del Constitucional. Los argumentos de la sentencia se conocerán el lunes. La resolución ha sido redactada por el presidente de la sala, Ignacio Sierra. En ella, según las fuentes consultadas, tilda la decisión del Constitucional de "un acto de soberbia y prepotencia judicial".

El fallo es firme, por lo que sólo puede ser recurrido ante el Constitucional. Sin embargo, los condenados quedan inhabilitados para revisar su sentencia y no pueden acudir a tribunales internacionales.

Esta condena es el último capítulo de un enfrentamiento que empezó en la década de los 80, cuando los magistrados del Supremo tomaron declaración por escrito a los jueces del Constitucional por la filtración de la sentencia sobre la expropiación de Rumasa. Los problemas continuaron en 1994, cuando los jueces de lo civil pidieron la mediación del Rey después de que el Constitucional hubiera anulado una sentencia que habían dictado sobre un caso de paternidad. Finalmente, los jueces desistieron y el Monarca no tuvo que intervenir.

No obstante, el choque más duro se produjo cuando el Constitucional anuló la sentencia del Supremo que condenó a la mesa nacional de HB por un delito de colaboración con banda armada en 1999. Curiosamente, el ponente de aquella sentencia, Roberto García Calvo, es uno de los 11 jueces condenados ahora. Los conflictos más recientes se han debido a una discrepante interpretación sobre el derecho a la intimidad de los famosos.