Jordi Sànchez y Jordi Turull justifican la huelga de hambre que iniciaron ayer en la «demora injustificable» del Tribunal Constitucional a la hora de valorar ocho de sus recursos, lo que les impide elevar su caso a instancias internacionales. Según ellos, el TC ha dejado sus escritos de amparo «en un cajón». Pero en el Alto Tribunal alegan dos razones fundamentales para explicar la situación: que la falta de jurisprudencia en delitos como rebelión o sedición y la «especial trascendencia» del proceso han provocado que todavía no haya una decisión sobre la situación de los presos independentistas.

Esas razones pesan también en el hecho de que el TC haya admitido a trámite todos los recursos presentados por los encarcelados por promover el referéndum del 1-O. A estas alturas, cerca de una treintena de peticiones esperan respuesta. Sànchez y Turull se quejan específicamente de los ocho que les afectan a ellos, destinados a defender sus derechos contra la prisión preventiva, de participación en la última campaña electoral o para asistir a sesiones parlamentarias: los dos fueron propuestos por JxCat como candidatos a president.

El TC ha admitido a trámite la batería de recursos del procés prácticamente en el siguiente pleno que se celebraba tras su presentación, cuando lo habitual es que esta decisión se demore semanas o incluso meses, porque se hace un estudio del caso antes siquiera de admitirlo. Aquí se está haciendo prácticamente de forma automática por el pleno, no por una sección, que es lo habitual en estos casos.

Fuentes del Alto Tribunal señalan que, aunque es cierto que la mayoría de los recursos de amparo se descartan, los que sí acaban admitidos a trámite no se resuelven en un año. Además, recuerdan que cuando este tipo de escritos son admitidos siempre conllevan un estudio minucioso y pormenorizado del caso.

Todos los recursos presentados ante el TC serán resueltos por el pleno y por temáticas. Es decir: todas las decisiones que afecten a la prisión provisional se considerarán en bloque, y lo mismo pasará con la suspensión de funciones de los presos que fueron elegidos diputados.