El exdirector general de la Guardia Civil Santiago López Valdivielso aseguró ayer ante la comisión de investigación del 11-M que la masacre provocada por el terrorismo islamista no tenía como objetivo provocar la derrota electoral del PP en las elecciones del 14 de marzo como consecuencia del apoyo del Gobierno español a la guerra de Irak.

López Valdivielso comentó que la prueba de ello fue que el 2 de abril, dos semanas después del triunfo socialista, los terroristas que cometieron el atentado quisieron volar el AVE, aunque José Luis Rodríguez Zapatero había ordenado ya que regresasen las tropas de Irak. A su juicio, la razón del atentado no fueron las elecciones, sino la guerra cultural y religiosa contra Occidente.

El exmáximo responsable de la Guardia Civil defendió al anterior Gobierno y explicó que él creyó en la autoría de ETA hasta que la policía encontró el sábado, 13 de marzo, junto a la mezquita de la M-30 madrileña, la cinta de vídeo que reivindicaba la acción.

LA AUTORIA Como José Manuel García Valera y Vicente Faustino Pellicer, los dos generales de la Guardia Civil que comparecieron ante la comisión antes que él, López Valdivielso dijo que, desde el mismo 11-M por la mañana, todos estaban convencidos de que la autora de la masacre era la banda terrorista ETA, porque se les informó erróneamente de que el explosivo era Titadyne. Todos esos mandos añadieron que el descubrimiento de la furgoneta de Alcalá de Henares hizo que, desde las seis de la tarde del 11-M, la Guardia Civil mantuviese abierta la doble línea de investigación.

Tras el exdirector de la guardia Civil intervino su sucesor en el cargo, Carlos Gómez Arruche, quien no aportó nada a la investigación, ya que alegó que sólo lleva un mes y medio en el cargo.

Entre los documentos enviados ayer por el Gobierno a la comisión del 11-M se incluyó uno en el que la Guardia Civil da cuenta de que agentes de su Grupo de Información Exterior visitaron en dos ocasiones en la cárcel al confidente Rafá Zuher y a Rachid Aglif para investigar la trama de explosivos del 11 de marzo e intentaron otro encuentro con el exminero Emilio Suárez Trashorras que evitó el juez Juan del Olmo. Junto a esos informes, el Ejecutivo remitió otros dos sobre Zuher y Suárez en los que se indica que no informaron a la Guardia Civil de la venta de los explosivos.