Volver al río de la vida. Esa es la meta que persiguen desde hace seis meses las 191 familias de los fallecidos el 11 de marzo en Madrid y las 1.400 personas que resultaron heridas por la explosión de cuatro trenes. La mayoría de afectados agradecen el apoyo económico y humano que han recibido, pero un colectivo de unas 300 personas se siente abandonado.

Sin embargo, el Gobierno defendió ayer su gestión. Los familiares de las víctimas han recibido 42 millones de euros (7.000 millones de pesetas) en indemnizaciones. Se ha nacionalizado a 64 familiares de fallecidos y a 14 heridos. Y se han otorgado 386 permisos temporales a lesionados y 346 a familiares de heridos o fallecidos. Los servicios médicos atienden a 116 personas y el área de salud mental trata a otras 2.700.

Miguel Costa, psicólogo del Ayuntamiento de Madrid, explica que las víctimas del 11-M sufren síntomas de estrés postraumático. Se trata de personas que "han pasado por escenas desgarradoras de dolor y de sufrimiento". Por todo ello, padecen un "importante desajuste emocional, familiar y social". La mayoría de los afectados precisan ayuda psicológica. Sobre todo los familiares de los fallecidos. Sus procesos de duelo son más complicados por las condiciones de la muerte. Por este motivo, esas familias tienen que luchar contra la rabia, el dolor y otros sentimientos, como la culpa.

TRAUMAS "Recuerdo el caso de una mujer que no podía perdonarse que esa mañana hubiera regañado a su hijo porque se había quedado dormido. La madre le apremió y le hizo coger un tren que, si no, habría perdido. Con el tiempo, hemos logrado darle la vuelta a esa experiencia y ha entendido que esa reacción fue un gesto de amor", explica Costa.

El objetivo de las terapias es ayudar a las víctimas a que recuperen la normalidad. Ese es el empeño de las asistentes sociales de la oficina de atención a las víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior, Olga Cañas y Belén Pulgar. Por sus manos han pasado los expedientes de todas las víctimas del 11-M. Durante este periodo han tenido que resolver mil y un problemas. "Uno de los temas más delicados han sido los planteados por las parejas de hecho. Se les ha reconocido su condición de conviviente y han cobrado la indemnización por el fallecimiento, pero no tienen derecho a una pensión de viudedad". Algunas familias han recurrido contra ese reconocimiento.

Luis Cisneros, hermano de Oswaldo, ecuatoriano de 33 años, obrero de la construcción, reclama el pago íntegro de la indemnización. El Ministerio del Interior ha entregado una parte del dinero a su pareja de hecho. "Pido justicia. He perdido un hermano, pero no me parece bien que se quiera favorecer a esa mujer. El heredero legal es mi padre porque Oswaldo era soltero", sostiene.

No obstante, todas las víctimas afirman que ese dinero no puede compensar su pérdida. Lo cierto es que los beneficiarios se resistirán, en lo posible, a hacer uso de la indemnización, porque gastarla les supone, según los psicólogos, perder un poco más al ser querido.

Las asistentes sociales también han dedicado una buena parte de su trabajo a resolver problemas urgentes de esas familias y a otros más complejos, como alquilar y reformar viviendas para inmigrantes que han sufrido minusvalías. Al menos en 400 ocasiones han pedido ayuda a la Fundación Víctimas del Terrorismo, que ha asumido el pago de hipotecas, viajes de descanso para familiares y heridos, y gastos de guardería.

CRITICAS Pero unos 300 afectados, agrupados en la asociación Víctimas del 11-M, se sienten abandonados. Su presidenta, Clara Escribano, acusa al Gobierno de haberles abandonado. Esas críticas no son compartidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo. Según su presidente, José Alcaraz, "en ningún lugar se ha dado una respuesta igual como a las víctimas del 11-M".