El Gobierno de Japón pondrá en marcha en el 2015 un sistema de incentivos para aquellas empresas que cuenten con más trabajadoras o con más mujeres en cargos de responsabilidad, con el objetivo de fomentar una mayor igualdad en el mercado laboral, según ha avanzado este lunes el diario 'Nikkei'.

El programa comenzará a aplicarse durante el próximo año fiscal (abril del 2015) y será la primera medida concreta impulsada por el Ejecutivo de Shinzo Abe para contrarrestar la baja participación laboral femenina y la casi insignificante presencia de mujeres entre los altos cargos. La tasa de empleo femenino en Japón fue del 62,5% en 2013, mientras que la masculina ascendió al 80,6%. Asimismo, la proporción de mujeres en cargos de responsabilidad es del 5%, una cifra que Abe quiere aumentar hasta al 30% en el 2020 dentro de su ambicioso plan de crecimiento económico.

Otro de los factores que ha llevado al Gobierno a impulsar este plan ha sido el hecho de que Japón japonés cuenta con una de las fuerzas laborales más envejecidas del mundo y se calcula que el número de trabajadores caerá en el 2027 hasta los 70 millones desde los actuales 79,19 millones. La tasa de maternidad en el país es del 1,4 %, con lo que se prevé que para el 2060 la población japonesa caiga en un 30%, mientras que la proporción de personas mayores de 65 años se elevará al 40%.

Más contratos públicos

El sistema de incentivos consistirá en dar una mayor puntuación a las empresas que tengan a más trabajadoras o a más ejecutivas entre sus filas durante los procesos de evaluación de compañías para asignar contratos públicos. En su primera fase, el programa de incentivos se aplicará a las licitaciones públicas para contratar empresas de bienes y servicios, en las que cada año el Estado gasta unos 12 billones de yenes (167.000 millones de euros).

La iniciativa se ampliará gradualmente a otros procesos de selección para asignar contratos de obras públicas, según el diario económico nipón.

Hasta ahora, el Gobierno evaluaba a las empresas según criterios como la capacidad tecnológica, la seguridad o la relación entre coste y competitividad, pero no tenía en cuenta ningún indicador de igualdad.

Los ministerios competentes está discutiendo actualmente los detalles de la iniciativa con representantes de todos los sectores, con vistas a aprobar este mes de junio el sistema de incentivos.