La política de inmigración del Gobierno británico, un debate fundamental en la reelección de Tony Blair, estaba ayer amenazada por el descrédito. El primer ministro tuvo que prescindir de una de sus más fieles colaboradoras, Beverly Hughes, la secretaria de Estado para la Inmigración, quien después de un mes de filtraciones y desmentidos reconoció que engañó al Parlamento.
Diplomáticos y funcionarios de los consulados británicos en Bulgaria y Rumanía habían denunciado que Interior daba visados a miles de inmigrantes, pese a que las embajadas habían afirmado que muchos de los documentos presentados eran falsos.
El responsable de Interior, David Blunkett, suspendió el martes la emisión de visados en los dos países, pero el Partido Conservador prosiguió sus ataques.
Hughes había negado estar al tanto de las irregularidades, pero luego se supo que éstas le fueron expuestas en una carta, el 4 de marzo del 2003, por el diputado laborista Bob Ainsworth, encargado de la disciplina del partido. Mentir al Parlamento es la falta más grave que puede cometer un cargo gubernamental. Hughes presentó ayer su renuncia, pero aseguró que "no había engañado deliberadamente a nadie".
