La insuficiencia energética ha sido quizá el principal motivo de preocupación de las autoridades prorrusas de la península de Crimea tras su anexión por parte del Kremlin en el 2014. Ucrania dejó de suministrar energía a la península en diciembre del 2015, y en numerosas ocasiones se han producido prolongados apagones que han obligado a la oficialidad a racionar por decreto el consumo, sobre todo en verano.
En este quinto aniversario de la anexión del territorio, Vladímir Putin viajó ayer de nuevo a Crimea para garantizar a los lugareños que ya no habrá más interrupciones en el suministro de luz, inaugurando dos plantas eléctricas, una en la ciudad portuaria de Sebastópol y la otra en Simferópol. Dos instalaciones cuya construcción en su día se vio envuelta en polémica, ya que emplearán turbinas fabricadas por una empresa subsidiaria de la firma alemana Siemens, una violación de las sanciones internacionales.
Las dos plantas doblarán la capacidad actual de Crimea de generar energía, lo que, según el líder del Kremlin, permitirá «cubrir las necesidades propias» y si es necesario «exportar a las regiones vecinas».
Aunque las instalaciones ya estaban en marcha desde hacía unos meses, a partir de ahora «funcionarán a pleno rendimiento» lo que constituye «un paso importante para la seguridad energética», se felicitó Putin.
Sesenta meses después de la anexión, el grueso de la comunidad internacional sigue sin reconocer la soberanía de Rusia, cuyas acciones fueron en su día condenadas por la Asamblea General de las ONU.
REFERÉNDUM
Solo un puñado de países, como Zimbabue, Corea del Norte, Siria, Nicaragua y Sudán, entre otros, reconocieron los resultados del referéndum de adhesión, celebrado una vez que las tropas rusas habían logrado controlar los principales puntos neurálgicos del país.
La OTAN ha denunciado de nuevo los intentos de «normalizar o legitimar la anexión de Crimea», al tiempo que ha denunciado «la imposición automática de la nacionalidad de la Federación Rusa a los habitantes, los movimientos forzosos de población» y «los abusos y violaciones de los derechos» de los grupos étnicos opuestos a Moscú, como los tártaros.
El propio presidente Vladímir Putin reconoció que un buen número de países «en el mundo, en Europa, no quieren reconocer el acta de unificación de Crimea y Sebastopol».
