El Tribunal Supremo de Chile dejó de considerar "demente" a Augusto Pinochet y, a los 88 años, le retiró los fueros que le protegían para dejarlo a las puertas de un nuevo proceso por su responsabilidad en el secuestro y asesinato de 20 personas en el marco de la operación Cóndor, la coordinación represiva de los regí- menes militares del Cono Sur en los años 70. Esta operación fue la base de la acusación del juez Baltasar Garzón que desembocó en el arresto del dictador en Londres en 1998.
La votación fue reñida (nueve contra ocho), pero al final se impuso el criterio de ratificar lo decidido el 28 de mayo por el Tribunal de Apelaciones de Santiago. Ese día, los jueces subrayaron que Pinochet tenía pleno conocimiento de las acciones que cometían sus subalternos.
"Este es un día histórico", dijo, con lágrimas en los ojos, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), al conocer el dictamen de los jueces. "El país ahora parece ser más democrático que ayer", afirmó el abogado Eduardo Contreras, uno de los querellantes.
"Estamos con un profundo desagrado y sorpresa", expresó, en cambio, el general retirado Guillermo Garín, portavoz de Pinochet, para quien "las condiciones de salud del expresidente no han variado en absoluto: él tiene una enfermedad progresiva e irreversible".
UN PLEITO COMPLICADO Mientras tanto, el Gobierno del presidente, Ricardo Lagos, llamó a respetar los fallos. "Hay que tener tranquilidad y esperar lo que diga la justicia. Este es un proceso complicado", declaró el ministro de Interior, José Miguel Insulza. El escenario político cambió en Chile en el 2002, cuando el Tribunal Supremo bloqueó toda posibilidad de nuevos juicios a Pinochet alegando su incapacidad mental. En el 2003 rechazó por "improcedente" otra petición de desafuero en la causa que investiga la desaparición de 10 dirigentes comunistas en 1976.
La muralla judicial que protegía a Pinochet tuvo un súbito desmoronamiento y en algo ha contribuido el conocimiento de las cuentas secretas del dictador en EEUU. El tema de la fortuna de Pinochet --que manejó fondos reservados por valor de casi 330 millones de euros-- no sólo ha abierto una vía de investigación paralela sino que ha erosionado el apoyo cívico-militar que surgía cada vez que salía a la luz un caso por violaciones de los derechos humanos.
EL EJEMPLO DE ARGENTINA Otro hecho que no pasó inadvertido para los miembros del Supremo chileno es el reciente fallo de sus pares argentinos en una causa clave de la operación Cóndor. Ese tribunal declaró el pasado lunes "imprescriptibles" los crímenes de lesa humanidad al confirmar la prisión a perpetuidad de Enrique Arancibia Clavel, el agente de la DINA (la policía secreta de Pinochet) que participó en Buenos Aires en el atentado que en septiembre de 1974 mató al exjefe del Ejército de Chile Carlos Prats y a su esposa. Por la operación Cóndor también está procesado en Argentina el dictador Jorge Videla.
El tema de la "demencia" de Pinochet no sólo dominó las deliberaciones que desembocaron en el desafuero. También condicionará los pasos judiciales siguientes. Igual que expuso ante el Supremo, Ambrosio Rodríguez, abogado del dictador, tratará de demostrar su "deficiencia mental" porque es el único ardid a mano. Según Rodríguez, que Pinochet preste declaración ante un juez, como acaba de hacer con Sergio Muñoz por el tema de las cuentas secretas, "no acredita capacidad".
Por el contrario, los querellantes están convencidos de que Pinochet ya no podrá simular senilidad. Una de las pruebas que creen tener para eso es que el senador realizó operaciones bancarias tras ser declarado demente. Por otra parte, argumentó el abogado Eduardo Contreras, "si estuviera loco, Muñoz, que lo interrogó una hora, se habría dado cuenta en cinco minutos".
