El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, ha declarado este lunes durante casi nueve horas ante el juez Ariel Lijo, que investiga la compra de Ciccone Calcográfica, la imprenta donde se imprime el papel moneda en este país. Ya por la noche, Boudou ha salido del despacho del magistrado y, ante los micrófonos, ha dado su versión de lo ocurrido: "Se abordó el análisis técnico-jurídico de la causa. Voy a ampliar mi testimonio, me guardé cuestiones políticas para las próximas declaraciones". Nunca antes una alta autoridad del Ejecutivo hizo frente en Argentina una acusación formal por presuntos actos de corrupción.
"Pude exponer cada uno de los puntos y respondí las preguntas que tanto el juez como el fiscal me querían hacer", ha explicado Boudou, cuya imputación le puede costar su carrera política y ha puesto en vilo al Gobierno. El tiempo que ha pasado respondiendo a las preguntas de Lijo --casi nueve horas-- le añade otra cuota de singularidad a este hecho sin precedentes.
Boudou quería que la declaración judicial fuera transmitida por televisión para que sus palabras, dijo, no fueran distorsionadas por los medios de prensa opositores al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lijo se negó. "Nosotros buscábamos el máximo nivel de difusión", ha lamentado el vicepresidente, que ha publicado su declaración completa en Facebook.
"Lo que está en juego es si el poder está en el pueblo o en muy pocas manos", escribió Boudou en su cuenta de Twitter, antes de entrar al despacho del juez. Veinte años atrás, era un joven de la derecha neoliberal. El kirchnerismo le permitió dar un giro completo de sus posiciones y solo mantener, como blasones personales, sus colecciones de guitarras eléctricas y motocicletas. El vicepresidente, que vive en Puerto Madero, una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires, y está en pareja con una presentadora televisiva, no solo es investigado por su presunto interés para salvar de la quiebra a esa imprenta cuando era ministro de Economía (2009-2011) sino por su presunta participación en la compra de la misma.
Gobierno y oposición, en vilo
El juez cree que el vicepresidente, junto a (su socio y amigo) José María Nuñez Carmona, "habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica" a través de la sociedad The Old Fund y de su amigo y supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, "con el fin último de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial".
La declaración de este lunes ha tenido en vilo al Gobierno y a la oposición. Para algunos analistas se trata de un punto de inflexión política. En los próximos días se sabrá cuáles son los pasos de Lijo. En los próximos días serán interrogados el socio y mejor amigo de Boudou, el millonario José María Núñez Carmona y, posteriormente, Alejandro Vandenbroele.
"Es cierto que la acusación penal puede agravarse y que la causa pueda vincularse con otras en su contra, como la de enriquecimiento ilícito y la de la presunta intervención de The Old Fund en la financiación de la provincia de Formosa. Si en los próximos días el juez determina el procesamiento del vicepresidente en esta causa, lo que puede suceder durante el Mundial , ello puede complicar aún más al Gobierno", ha apuntado Roseno Fraga, habitual analista del diario 'La Nación'. Pero el kirchnerismo, añade, "parece decidido a evitar que Boudou renuncie o pida licencia, como lo aconsejaría la imagen que hoy tiene el Gobierno. En el oficialismo predomina la necesidad de impedir que el poder se debilite en el último tramo del segundo mandato".
El vicepresidente no se ha cansado de repetir que es blanco de una campaña de linchamiento mediático. Una suerte de venganza coorporativa por haber diseñado el proceso de nacionalización de los fondos de pensión. La medida, adoptada por el primer Gobierno de Fernández de Kirchner, en el 2009, afectó a importantes empresas, entre ellas a Clarín, el principal grupo mediático, que desde el 2012 encabezó las denuncias contra Boudou.
Presiones a los jueces
El diario no descarta que Boudou sea salvado por una mano providencial que se encuentra en los tribunales de segunda instancia. Clarín denuncia que "habrían existido desde ofertas fabulosas hasta veladas amenazas" a los jueces que pueden salvar o hundir a Boudou.
El llamado 'escándalo Ciccone' estalló apenas se inició el segundo mandato de KFK. La imprenta ha sido primero intervenida por el Gobierno y luego expropiada por el Congreso. Todavía no se sabe quiénes son los verdaderos dueños del misterioso fondo The Old Fund que adquirió en su momento la imprenta. El 'caso Ciccone' se convirtió desde entonces en un problema para la presidenta.
"Cuando Boudou declare ante el juez Lijo, puede ser un día más, o puede ser un día en que el sistema político argentino comience a cambiar. Tantas décadas de interrupciones en el sistema democrático, donde quien ejercitó el poder ejecutivo tuvo la suma del poder público, dejaron de herencia una cultura en la cual aún hoy resulta difícil que la justicia juzgue a los principales integrantes de un gobierno mientras están en el ejercicio de su función", apunta Jorge Fontevechia, director del diario 'Perfil'.
