El nivel de bienestar de un pueblo no se mide sólo por la educación de los jóvenes sino por la calidad de vida de los viejos. El demoledor informe del Justicia de Aragón sobre los malos tratos que sufren muchos ancianos y la situación de abandono en la que se encuentran algunos, indica que en cuestión de bienestar social Aragón no da la talla.

Una sociedad avanzada y democrática como la nuestra no puede permitir que, mientras el fondo de reserva de la Seguridad Social crece cada día, muchos abuelos malvivan con pensiones de miseria y habiten en viviendas muy precarias, sin calefacción ni agua caliente, sin atención ni cuidados, sin un ascensor que les ayude a mantener el contacto con la calle y con la vida. Faltan residencias públicas o concertadas --a fecha de hoy, el departamento de Asuntos Sociales aún no sabe cuántas-- y la inmensa mayoría de los abuelos no dispone de los mil euros mensuales que viene a costar un centro privado. Ya les gustaría, pero el término pobreza está estrechamente relacionado con los mayores, de ahí que sean una carga cuando empiezan a ser dependientes.

Y por si fuera poco se les maltrata por obra y omisión, aunque no aparecen en las estadísticas porque denunciar a los hijos sería tanto como reconocer un fracaso, y estos abuelos no tendrán voz pero tienen mucha dignidad. Si Cáritas detecta cada año varios casos de abandono e indefensión a través de las parroquias, no tendría que resultar tan difícil que la Administración los detectara a través de sus servicios médicos y sociales. Por justicia, no por caridad.