La bomba política de la semana, el anuncio de tregua en Cataluña por parte de ETA tras la entrevista de los líderes de la banda con el republicano Carod Rovira, no debería eclipsar dos asuntos de crucial interés para Zaragoza y para Aragón: la puesta de largo con retranca del convenio del AVE y el último impulso de José María Aznar a las obras del trasvase. Asuntos muy diferentes, salvo el denominador común de crear incertidumbre entre los ciudadanos por representar dos nítidos ejemplos de mala gestión de los asuntos públicos.
El primer debate en serio de las obras complementarias del AVE en la capital no ha podido ser más desalentador, pues todo lo que se nos dijo hace unos años acerca del nuevo barrio y de la transformación urbana de la ciudad ya no sirve. Es papel mojado. Y respecto al trasvase, qué decir tiene la afrenta que supone, a un mes de las elecciones y sólo dos días después de colocar dos pseudo primeras piedras del proyecto, encargar 550 kilómetros de tubería para una obra tan polémica. Un material que supone un desembolso de 638 millones de euros (106.000 millones de pesetas) cuando Europa aún no se ha pronunciado sobre el plan y sin que quede claro, salvo que el PP gane las elecciones de calle, qué ocurrirá con el trasvase si hay un cambio de gobierno o, por qué descartarlo, un ejecutivo de coalición.
Vayamos por partes. Respecto al convenio del AVE, lo acontecido esta semana es una muestra palpable de la incapacidad que en más ocasiones de las deseadas esgrime nuestra clase política para la resolución de problemas. Por situar al lector, el citado convenio consistía en un acuerdo entre tres Administraciones --Ministerio de Fomento, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza-- para acometer las obras de transformación urbana derivadas de la llegada del AVE. La filosofía con la que nació este acuerdo, allá por 1998, daba salida a priori a demandas vecinales y sociales, como el soterramiento de las vías entre El Portillo y Delicias, la integración en la ciudad de una enorme pastilla de suelo, además del cierre definitivo de la cicatriz que separa los barrios de La Almozara y Delicias, y a su vez de estas dos zonas con la margen izquierda del Ebro. Para financiar estas mejoras y para garantizar al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias los fondos suficientes para modificar su proyecto inicial de El Portillo, se pactó la recalificación de unos terrenos que quedaban liberados de sus usos ferroviarios para la construcción de cerca de 3.000 viviendas.
Mientras se negociaba el montante final de la operación, el GIF acometía las obras estrictamente necesarias para permitir la llegada del AVE --ronda sur ferroviaria, cubrimiento de las vías y estación intermodal-- pero no otras cruciales para la ciudad e incluidas en el convenio --como el cierre ferroviario de Oliver o el puente del Tercer Milenio--. Políticos y técnicos de las tres administraciones responsables pasaron años para ponerse de acuerdo en cuál debía ser punto límite de la operación y el consiguiente listado de obras que se financiarían con las plusvalías.
En la negociación a tres bandas, el convenio se convirtió en una especie de rifa en el que cada administración quería introducir un proyecto más, con lo que el importe inicial de las obras contempladas fue creciendo hasta situarse en los 414 millones de euros.
Pero el problema real viene ahora, cuando toca ejecutar el convenio y ya se ha quedado corto antes de nacer, pues sólo con las obligaciones reconocidas al GIF se consume gran parte del monto económico que se prevé revertir de la venta de los pisos. Sin miedo a equivocarnos podemos afirmar ya que salvo que se construyan más viviendas en la zona o el ayuntamiento se haga cargo de alguno de los proyectos, como plantea ahora el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar, será imposible dar salida a todas las demandas de la zona. Y qué decir tiene que la primera posibilidad contraviene la idea de que el entorno de la intermodal sirva realmente para esponjar dos barrios de la ciudad que ya arrojan una densidad de viviendas y de habitantes altísima y nada recomendable. Lo peor de todo es la constatación de que los firmantes del convenio ya daban por hecho que las obras no podrían realizarse nunca en las condiciones pactadas. Claro que dos de los tres dignatarios que rubricaron la creación de la sociedad que debe desarrollar el acuerdo --el exalcalde Atarés y el ministro saliente Cascos--, no tienen ya que rendir cuenta alguna una vez despojados, o a punto de hacerlo en el caso del titular de Fomento, de sus responsabilidades de gobierno.
Pero al fiasco del convenio del AVE, que veremos cómo se arregla durante los próximos meses, debemos añadir esta semana la obcecación del Gobierno del PP con el trasvase. Encargar material por 638 millones para la obra a un mes de las elecciones y mientras no sólo el PSOE o los partidos aragoneses, sino también CiU, piden una moratoria sobre el proyecto, es un acto de prepotencia. Y hacerlo el mismo día en que la Fiscalía denuncia los excesos y las irregularidades que se cometen con el agua en Murcia, una de las principales beneficiarias del PHN, roza ya lo esperpéntico. ¿Cómo puede el Partido Popular permanecer impasible ante investigaciones abiertas por la Justicia y después de ser formuladas graves denuncias de corrupción avaladas por juristas de prestigio como Jiménez Villarejo?
Sólo el afán electoral del momento y el empecinamiento personal del presidente del Gobierno pueden justificar la rapidez y la contundencia de las medidas adoptadas. Quienes critican que se está haciendo electoralismo aprovechando el Boletín Oficial del Estado pueden encontrar nuevos argumentos de crítica tras las controvertidas decisiones del ministerio que dirige la sorpresiva candidata por Murcia Elvira Rodríguez.
Como se ve, la semana ha deparado dos acontecimientos muy negativos para los intereses de Aragón, en el primer caso por el fraude al ciudadano que que supone anunciar a bombo y platillo obras de transformación difícilmente realizables en las condiciones pactadas inicialmente, y en el segundo por la irresponsabilidad que representa comprometer antes del 14-M un enorme gasto público para una obra tan contestada como el trasvase.
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