La comisión parlamentaria que ha investigado la CAI ha realizado un pormenorizado y contundente diagnóstico de la pésima gestión llevada a cabo por la cúpula de la entidad en los últimos años pero ha pasado por encima de las responsabilidades políticas que se produjeron en esa etapa. El objeto de la comisión no consistía solo en poner de manifiesto por qué fracasaron el modelo, los principios y los controles estatales, sino en determinar por qué fallaron los órganos de gobierno con representación política y en proponer medidas legislativas y ejecutivas para prevenir estas carencias en el futuro en negocios con participación o supervisión pública. El grupo de trabajo liderado por el diputado Antonio Ruspira debería haber sido más ambicioso. Para constatar que la gestión fue pésima no hacía falta una comisión.
