Imagínense un barco que está zozobrando. La situación tiene mala pinta. El barco se puede hundir y desgraciadamente no hay chalecos salvavidas para todos. Afortunadamente hay un protocolo para repartir los chalecos en función de la necesidad, porque si no eso sería la jungla. Pero hete aquí que el que controla el almacén de chalecos salvavidas hace trampas. Se guarda un chaleco para él mismo, y otro para su esposa. Privando así del chaleco salvavidas a personas que lo necesitan mucho más que él. ¿Vaya tipejo, verdad? Pues esto es exactamente lo que ha hecho el señor consejero de Sanidad de Murcia. Fíjense que volviendo al símil del barco que se hunde, su actitud se parece mucho a las ratas que abandonan el barco cuando se va a pique y el que se quede atrás que arree. Y si por el camino se le puede quitar algo a alguno de los que se queda atrás (por ejemplo, una vacuna), pues oye mejor para la rata. Me gustaría no tener ningún reparo en llamar a este señor prevaricador, pero lo tengo. Así que lo llamaré presunto prevaricador, porque este señor ha prevaricado (presuntamente), saltándose un reglamento para beneficiarse él y perjudicando a personas que tardarán más en vacunarse. Y no contento con ello lo justifica diciendo que estaba convencido de hacer lo correcto y que no era ningún trato de favor. Su reacción, e incluso lo que tardó en forzar su dimisión el presidente de Murcia, son muy significativos. Por un lado, de la sensación de impunidad con la que actúan y por el otro de la absoluta desvergüenza que tienen.

Esta sensación de impunidad es la misma que llevó a organizar la operación Kitchen desde el Ministerio del Interior, es decir a poner a la Policía al servicio de una trama para encubrir delitos. Y también es la misma que está sentando en el banquillo a Cristina Cifuentes, no por obtener un título de forma fraudulenta sino por inducir a falsificar un acta (presuntamente)

Por regla general, suelo ser partidario de que los castigos penales sean más bien moderados, de hecho, pienso que muchos delitos en España deberían tener penas menores. Sin embargo, me llama poderosamente la atención lo pequeñas que son las penas por prevaricación. Si alguien denunciara al ya exconsejero, y finalmente fuera condenado (allá en el año 2030), como mucho lo podrían inhabilitar. No le caería ni una multa, y ni de broma tendría que ir a la cárcel. Es posible que la sensación de impunidad esté justificada.