Las protestas han vuelto al campo. El problema de base son los precios porque los costes de mantener la explotación son mucho más altos que lo que les pagan a los agricultores por la venta de sus productos, así que los pequeños empresarios del sector primario reciben menos dinero y el negocio no es rentable. La cuestión es que hay mucha maniobra especulativa de las grandes cadenas de distribución y al final todo esto se convierte en un monopolio. Son unos pocos, pero muy grandes, los que tienen la capacidad de manejar los precios en el mercado así que las cadenas más potentes dominan a costa de los pequeños agricultores. Y ahí está el grave problema. Podríamos decirles a los que producen nuestras frutas y verduras que subieran los precios, pero el problema es que hay demasiada competencia porque hay mucho producto importado que se vende a un precio más barato y al final, por mucho que los consumidores lo piensen y digan que hay que comprar productos de la tierra, o al menos del país, son pocos los que se fijan en el origen de los alimentos que finalmente se llevan a casa.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, dice que no se pueden fijar los precios, que hay límites legales. Incluso el presidente aragonés, Javier Lambán, apoyó a los manifestantes esta semana porque reconoce que tienen razón en sus demandas, aunque también les dice que él no puede hacer nada. Pero algo habrá que hacer. Por ejemplo, organizar mejor la oferta reforzando el papel de los pequeños agricultores que son los más débiles. Hay que partir, evidentemente, del hecho de que los gobiernos europeos no son los que tienen las competencias en la materia porque la Política Agraria Comunitaria, la PAC, está cedida a la Unión Europea. De hecho, los agricultores son un pilar fundacional del origen de la UE, en el Tratado de Roma.
Sin embargo, a partir de ahí se pueden hacer planteamientos. Es evidente que la oferta y la concentración de la venta de los productos debe regularse. Y ahí hay que concienciar a todos los agricultores, sobre todo a los pequeños, para que organicen mejor toda esa oferta. Para eso necesitan ayuda, principalmente económica y el Gobierno central, e incluso el regional (aunque tenga menos peso) puede presionar políticamente en Europa y establecer normas para que no se produzcan procesos de especulación, de manipulación de los precios y de concentración en las grandes superficies como los que se están viviendo en estos momentos en nuestro país. La disciplina es vital en todos los agricultores, muchos de los cuales han salido a protestar esta semana a las carreteras españolas y en Zaragoza se concentraron en la entrada de Plaza. Hay algunos que venden su mercancía sin pensarlo dos veces y eso no se puede hacer. Hay que tener un orden en la oferta para que estos grandes dueños de la producción agropecuaria no puedan controlar tanto la demanda. Y ahí sí que puede actuar el Gobierno español.
Es verdad que este sector casi siempre vive al límite. Porque el de los precios es el problema de base, pero también está la climatología o ahora los aranceles del presidente norteamericano Trump, que está gravando el aceite, las aceitunas, el vino, los productos lácteos... Lo que supone dejarles fuera de un mercado, el de EEUU, que es prioritario para exportar. Podría sumarse la subida del salario mínimo interprofesional, que para muchos pequeños agricultores puede haber afectado ya a los costes de producción (aunque no está claro) y de fondo, la incertidumbre sobre el futuro de la PAC, donde evidentemente habrá que apretar ante las autoridades comunitarias en la negociación. Todo esto obliga al Ejecutivo española a presionar en los acuerdos comerciales porque hay algunos que castigan los intereses españoles y priman los de otros países. Ahí, al ministro Planas sí que hay que pedirle que esos pactos sean más favorables. Siempre se ha dicho que los franceses tienen muchos privilegios y los españoles menos (solo hay que recordar cuando hace años se volcaban continuamente camiones españoles cargados de fruta o vino nada más pasar a Francia y delante de la pasividad de la gendarmería).
La situación de los agricultores españoles puede ser algo recurrente, pero es tarea de todos. Como de ellos mismos, que deben ser más hábiles en las fases de transformación y comercialización porque aún sale mucho producto a granel y vuelve al país con la etiqueta de otro Estado miembro. Sus protestas de estos días deben servir a las autoridades españolas para exigir en Europa un trato más favorable. Del resultado nos beneficiaremos todos.
