La globalización del comercio y el intercambio distan mucho de ser una experiencia exitosa y beneficiosa para la humanidad. Estamos ante un modelo fallido que está produciendo graves problemas en el mundo y enormes desequilibrios que afectan a la población: movimientos migratorios, conservación del medio ambiente y sobreexplotación de personas. Es un modelo que ahonda las desigualdades entre países y entre sectores de población como nunca había ocurrido.Por eso, no es de extrañar la propuesta del presidente francés, en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE. «Es preciso plantear un marco comunitario donde se puedan frenar inversiones extranjeras en sectores estratégicos que tengan prácticas comerciales depredadoras, que destruyan puestos de trabajo y alimenten el discurso antiglobalización».

No es mucho, pero suficiente, porque Merkel y Juncker se comprometieron a estudiar la propuesta, y aunque Rajoy la desechó con argumentos tan sólidos como los expuestos para descalificar la abstención del PSOE ante la votación en el Congreso del CETA, («España hará el ridículo si el tratado no se aprueba»), la iniciativa de Macron advierte de que no todo son beneficios en la globalización y los tratados comerciales.

Nadie está demandando una vuelta a la autarquía ni al proteccionismo, pero sí a una globalización condicionada, donde el libre comercio no lleve consigo la total desregulación, y donde las deslocalizaciones estén condicionadas y los negativos efectos sociales, estén compensados.

No hay mayor activo para el populismo que una globalización alocada y sin contrapesos, como la llevada hasta ahora. Por eso la abstención del PSOE en la votación parlamentaria del CETA, ha tenido como primera virtud, la de propiciar un debate público, hurtado hasta ahora a la opinión pública española.

Es cierto que este acuerdo económico con Canadá, con una población de 36 millones de habitantes y un 1,8% de su consumo proveniente de la UE, fue apoyado en el Parlamento Europeo por un grupo socialista dividido (97 votos a favor, 80 en contra y abstenciones), tras haberse modificado en el último minuto a consecuencia del plante de la Asamblea Valona belga, las declaraciones más proteccionistas de Trump y las inminentes elecciones presidenciales galas.

Pero eso solo demuestra que en la socialdemocracia europea hay una fuerte oposición a rubricar tratados sin el debate y la transparencia adecuadas, en contra de la opinión pública y de sindicatos, consumidores, organizaciones medioambientalistas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de comerciantes, profesionales, empresarios... que han dado alternativas y se han opuesto con propuestas en la calle.

No es un acuerdo modélico como algunos pretenden hacernos creer. Tras cinco años de cocina entre tecnócratas, lobis y altos funcionarios, afloró hace año y medio para una discusión sin el obscurantismo con que se fraguó el extinto TTIP, pero dejando atrás las demandas básicas de la sociedad civil europea. Y aunque busca ir más allá de eliminar aranceles y fijar cuotas como se ha hecho hasta ahora, armonizando la regulación a ambos lados del Atlántico, tiene abundantes claroscuros.

Para las empresas, cuanto más similares sean las normas, más fácil, rápido y barato será comerciar. De ahí que la solución de conflictos en la interpretación de las mismas sea vital para sus intereses. En el CETA se ha optado por un sistema semipúblico formado por jueces, al que los inversores y empresas extranjeras pueden recurrir, mientras que los inversores y empresas no extranjeras solo podrán hacerlo ante la justicia ordinaria. ¿Dónde queda la autoridad del Tribunal de Justicia Europeo cómo última instancia? ¿Cómo se armonizan las decisiones de dos instancias con ritmos y composición diferentes?.¿ Qué papel tienen los lobis en el arbitraje?. ¿Quién los controla?

La mayoría de las veces, los conflictos surgen para compensar a los inversores y empresas extranjeras por el cambio de un regulación pública que les supone perjuicio en sus expectativas de negocio. Este tratado limita la posibilidad de desarrollar autónomamente políticas públicas por el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. ¿Por qué se debe ceder soberanía ante intereses económicos empresariales? Es cierto que la seguridad jurídica es fundamental en el mundo de los negocios, pero debe guardarse un equilibrio entre ella y la capacidad de las administraciones para mejorar o cambiar normas.

Mientras los intereses de los inversores quedan suficientemente salvaguardados, la racanería en la protección de los derechos laborales o medioambientales solo es comparable con las seis páginas a ellos dedicadas de las más de 1.600 de que consta el tratado. La cadena alimentaria canadiense tiene serias diferencias con la normativa europea, en el tratamiento de las carnes y derivados, en el uso de productos químicos en la producción, en la reducción de denominaciones de origen de nuestros productos...

Soslayar la protección de los derechos laborales en las bondades de un país con altos niveles salariales, que acaba de asumir directivas de la OIT aprobadas en 1940, (como el derecho a la negociación colectiva) es una burla, sobre todo porque Canadá esta encadenado al NAFTA, acuerdo con México y EEUU, donde deriva una parte de su producción.

Invocar el valor geopolítico de este acuerdo en el nuevo contexto de la deriva nacionalista de EEUU es un argumento envenenado, pues se le puede contraponer el negativo efecto de una globalización con perdedores, en el auge de los populismos.