Aseguraba ayer Marcelino Iglesias que es pronto para sacar conclusiones definitivas de la reunión bilateral DGA-Estado celebrada el martes en Madrid. Y tiene razón, como en cualquier negociación, hace falta reunirse sin denuedo y estudiar abundantes informes para llegar a algún acuerdo. Pero si algo está claro es que la DGA arrastra una merma de ingresos por los impuestos cedidos que asciende a la nada despreciable cifra de 340 millones de euros. Una cantidad que el Gobierno aragonés debe reclamar con firmeza porque de ella depende en buena medida la salud financiera de la administración regional para los próximos años.
