Si la Justicia ha certificado que el amianto con el que se trabajaba hasta el año 92 en la factoría CAF de Zaragoza ha sido el causante de la muerte de 49 trabajadores que estuvieron expuestos a este producto, es lógico que otros muchos que también participaron en la actividad exijan reparación. Los sindicatos temen un repunte de víctimas y exigen junto a otras empresas del sector ferroviario nacional un fondo de compensación. Es de justicia.
