Ni 24 horas duró la alegría en casa del pobre. El presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo dejó la decisión paralizada y anunció que era el pleno el responsable de decidir quién pagaría los actos jurídicos documentados que conllevan las hipotecas. Tras dos días de debate, la mayoría establecía que era el cliente quien debe abonar el impuesto.
El gozo en un pozo. Los miles de posibles beneficiarios vieron de la noche a la mañana perder los 2.000 € de media que anunciaba la sentencia inesperada. El T ribunal Supremo acababa de demostrar que todo puede ocurrir en la vida, que nada es imposible.
Hasta la banca estaba convencida de que debería pagar el impuesto. Su problema era desde cuándo. Si la retroactividad considerada iba hasta cuatro o hasta quince años o por el contrario no la había y se aplicaba desde el 16 de octubre, fecha de la sentencia.
Presentada como vencedora, con las subidas automáticas en bolsa confirmándolo, la banca ve mermada su reputación y ahonda la enorme brecha con los ciudadanos, creada por su actuación en la crisis económica de los últimos años. La sentencia les debilita al tiempo que fortalece y fomenta el auge de los antisistema y los populismos.
QUIENES VIENEN diciendo que este Estado no representa a los ciudadanos y quienes asiduamente acusan de parcialidad a la Justicia están de enhorabuena. En momentos en los que nos acercamos a un juicio con enormes repercusiones para el futuro del país, las sospechas sobre el Tribunal Supremo son letales para el sistema. Sin confianza en las instituciones la democracia cojea, y el día del fallo una institución fundamental como esta se pegó un tiro en el pie sin venir a cuento.
LOS JUECES no deben entrar en las consecuencias que se derivan de sus sentencias, en este caso los posibles perjuicios a beneficios bancarios, sino en aplicar la ley en su letra y en su espíritu. La flaqueza ante el poder de los bancos, con las declaraciones de Carlos Lesmes y Luis Diez-Picazo justificando con razones económicas la revisión de la resolución del 16 de octubre es incalificable, y de paso ha dado un baño de agua bendita al independentismo catalán. Y todo para como decía El Roto en un viñeta… «Veo que proponen la banca como modelo de Estado… !Pero señores, si así es como ya es ahora¡».
De todas formas hemos llegado aquí por la negligencia del Gobierno del PP, la UE aprobó la Directiva 2014/17 de 4 de febrero de 2014 sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, modificando dos anteriores de 2008 y 2013, que debería haberse adoptado y publicado, a más tardar, el 21 de marzo de 2016.
Por eso en 2015 el Tribunal Supremo, siguiendo la pauta de esta directiva, dictó sentencia imponiendo a los bancos el coste de los gastos derivados de la formalización de las hipotecas con la posibilidad de reclamación de los clientes, eso sí, excluyendo los actos jurídicos documentados. A partir de ahí las diversas reclamaciones llevaron a posicionarse a algunos magistrados en una interpretación en la que el impuesto debe cargarse sobre quien se beneficie de la escritura de la hipoteca, el banco, porque la escritura le blinda de posibles incumplimientos por parte del cliente. Pues bien, el 6 de noviembre el TS mantiene la interpretación cual estaba 23 años antes.
EN ESTE tortuoso proceso, el Tribunal Supremo tiene enormes responsabilidades, no cabe duda, pero la Administración no ha hecho nada en trasponer la directiva en cuatro años y modificar la Ley Hipotecaria. Las comunidades autónomas, calladas pero soltando datos de sus pérdidas de ingresos, han sido un juego de hipocresía sublime. Escuchar a nuestro consejero de Hacienda lamentarse por la pérdida de 45 millones de recaudación con el mismo argumento que los bancos con la retroactividad, no es novedoso, pero en ese momento fue indecente. Ellos recaudan y sabían de la penalización que suponía este impuesto.
Por cierto, impuesto sobre la responsabilidad hipotecaria que equivale a 1,4 veces lo prestado más los intereses. En unas cuantías que van entre el 1,5% y el 0,5% según sea Aragón, Cataluña, Andalucía y cinco más, o País Vasco, Melila y Ceuta , con el 0,5%.
En Europa varía en cada país, Portugal el 0,6%, Italia el 0,2%, Francia el 0’05%, todos sobre el importe del préstamo y Alemania, Reino Unido y Holanda donde no existe gravamen.
No hay duda que el real decreto del actual Gobierno aplaca algunos fuegos y permitirá limitar el saqueo de los bancos en esta cuestión. El fatalismo popular ya ha dictado sentencia: «Nos lo cobrarán de otra manera». Impedirlo no solo depende de la Administración central y el activo compromiso de las autonómicas sino de la vigilancia de los ciudadanos que, como consumidores, debemos exigir respeto y derechos.
