En los últimos cinco años, un promedio de 90 personas han muerto diariamente en España esperando recibir la prestación o los servicios por dependencia a los que tenían derecho. La gestión de lo que se consideró la cuarta pata del Estado del bienestar (educación, sanidad, pensiones y dependencia) al establecerse la ley en 2006 queda en evidencia diez años después de su puesta en funcionamiento. El desarrollo de la misma, esencialmente en su financiación, se topó de bruces con el vendaval de la crisis y su aplicación, como tantas leyes que hablan de derechos, deja mucho que desear sobre todo por los recortes que se introdujeron en el proceso en el 2012 y 2013.

El presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia asegura que se necesitarían cinco años para poner a cero el contador de las listas de espera de los beneficiarios, casi 350.000, de los que 122.000 son severos o grandes dependientes. Y si ese limbo juega a favor de las arcas del Estado, también lo hace en contra de los afectados. Porque el 80% de los que reciben ayudas son personas de 65 años o más.

Esta fracción de población cubierta por el sistema en los países del centro y norte de Europa alcanza el 20%; el 11,4% en la media de la OCDE… y en España el 8%. Es una constante que se repite en las equiparaciones de los servicios sociales. Y es que el Estado en 2016 aportó un 18% del gasto en dependencia, cuando debía alcanzar el 50%. Pero del cumplimiento de esas exigencias no se preocupa Bruselas, solo del déficit, caiga quién caiga.

*Periodista