Inicio estas líneas recurriendo, como lo he hecho en otras ocasiones, a nuestra Carta Magna, y en concreto a su Art. 31.1 «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». No hace falta ser un avezado jurista para entender su significado. Y como sabemos este artículo ha sido pisoteado por la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, y su ministro, Cristóbal Montoro.
A un ministro de Hacienda el Tribunal Constitucional acaba de decirle que ha adoptado medidas que suponen «la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos»; «que legitima como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo»; «que quiebran el objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario»; «que afectan a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 de la Constitución al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes» además recurriendo a la forma de decretos-leyes. Tras esta sentencia del TC en un país normalizado democráticamente no continuaría un ministro en su cargo.
Alberto Garzón en la Comisión de Hacienda y Función Pública del 21 de junio pasado le señaló al ministro que cómo es posible que un Gobierno con todos los técnicos, especialistas y con toda su trayectoria prolongada en su ministerio, no supiera o no imaginara que estaba poniendo en marcha una medida inconstitucional. Obviamente no se trata de incompetencia, porque la competencia la tienen de sobra. Por lo tanto, tomaron una vía sabiendo que era inconstitucional. Es evidente que lo sabían y es evidente que en su ministerio saben cómo funciona el negocio.
La portavoz del PNV en la misma comisión, Idoia Sagastizabal añade datos muy interesantes al remarcar que la Abogacía del Estado ha tenido que realizar un esfuerzo desmesurado, incluso de especulación, para poder fundamentar la posición del Gobierno en este real decreto-ley, reflexiones genéricas sobre la situación económica del Estado y, lo que resulta inédito en la doctrina constitucional, recomendaciones de la OCDE pretendidamente legitimadoras de procedimientos especiales de declaración voluntaria con el objetivo de aumentar los ingresos públicos en tiempos de crisis.
Y a su vez aporta otro detalle, que ha pasado prácticamente desapercibido. Séneca decía que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía y eso podríamos decir de la recientemente publicada sentencia del TC que ha tardado cinco años en pronunciarse sobre este recurso y sorprende que el pronunciamiento se publique tres semanas después de producirse la prescripción del IRPF y mes y medio después de la prescripción del impuesto sobre sociedades. Una justicia tardía y, sorprendentemente, también oportuna, ya que no tiene efectos retroactivos y, por tanto, avala las regularizaciones realizadas».
La desfachatez y desvergüenza de Montoro es ilimitada. Sus atropellos a la Constitución han sido numerosos. Según Pere Ortega, el Ministerio de Defensa, después de diez años de continuo retroceso, en el 2017 aumentó su presupuesto un 32% si se compara con el presupuesto inicial aprobado el año anterior, aunque en términos reales aumenta un 0,6%. Esta disparidad viene dada por las argucias presupuestarias que el ministro Montoro aplica a este ministerio para ocultar el gasto militar real a la opinión pública. El Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Defensa, desde el 2012, decidieron no incluir el pago de los Programas Especiales de Armamentos (PEA) en el presupuesto, para luego, durante el ejercicio, recurrir a la aprobación en el Consejo de Ministros de un crédito extraordinario para hacer frente a tales pagos. Así se llevaba a cabo un fraude, aparentemente el presupuesto de Defensa disminuía cuando en realidad aumentaba, como luego se constataba en la liquidación del presupuesto al finalizar el año, que todos los años aumentaba en más de 2.000 millones. Esta práctica irregular, fue denunciada por el Centro Delás de Estudios por la Paz y llevada a los partidos políticos de la oposición del Congreso de Diputados, que elevaron una protesta conjunta entre el UPyD, IU-ICV-ERC y PSOE ante el Tribunal Constitucional, que acabó dictaminando que se trataba de una práctica inconstitucional y que los créditos debían ser aprobados en el Congreso de Diputados. Esto impidió que en 2016 se llevara a cabo el pago de los PEA y se tuviera que aplazar a 2017, juntándose dos anualidades que suman 1.824,5 millones y que justifican el aumento de un 32% del presupuesto de Defensa.
*Profesor de Instituto
