Es factible que el título sorprenda. La alusión a Charles Dickens y Franz Kafka aparece en el libro recientemente publicado de Sara Mesa, Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático. Su contenido es muy sencillo y pleno de humanidad, la descripción de la vida de una mujer sintecho, de nombre supuesto Carmen, en la ciudad de Sevilla, sometida a todo tipo de penalidades, que sobrecogen. La Fundación RAIS -Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral- calcula que hay en España unos 30.000 sin techo, el mayor estado de vulnerabilidad y desprotección posible. Cáritas en el informe ¿En qué sociedad vivimos? eleva la cifra a 40.000. Por ello, los observamos por todas las ciudades españolas, como también en Zaragoza. Quien transitara por la calle García Sánchez de las Delicias, hasta hace poco podía observar un carro de una gran superficie lleno a rebosar con todas las pertenencias de un sin techo, de nombre Juan, que pasa la mayor parte del día en un bar de chinos. Ahora ya el carro ha desaparecido, al haber conseguido una habitación. Todas estas personas sin techo, recuerdan a aquellas que el gran novelista inglés del siglo XIX, Charles Dickens, reflejó en sus novelas Oliver Twist o La pequeña Dorrit. Obras en las que ejercitó la crítica a la pobreza y a la estratificación social de la era victoriana.

Y en cuanto la alusión al novelista Franz Kafka no está menos justificada. De hecho en la entradilla del libro recurre a un fragmento de una de sus novelas, El Proceso. Sara tiene dos capítulos titulados Silencio administrativo y Laberinto burocrático. Nos cuenta que tras conocer la experiencia terrible de Carmen, investiga la ley para tratar de conseguirle una renta mínima de reinserción social. Y se apercibe que está llena de trampas e impedimentos. Desde el requisito del padrón. Los solicitantes han de acreditar estar empadronados con un año mínimo en un municipio de Andalucía. Carmen no solo no cumple el requisito mínimo de un año, sino que ni siquiera está empadronada. Debe haber alguna excepción para su caso. Sara busca el decreto-ley y lo lee con detenimiento. ¡Sí, parece que hay excepciones! Ser víctima de violencia de género. O víctima de trata de personas. O emigrante retornado. O Refugiado. O Persona sin hogar. Todo debidamente acreditado. Así que no es suficiente con vivir en la calle hay que acreditarlo. Sara sigue leyendo el decreto. No le resulta fácil, a pesar de que es licenciada universitaria. Y encuentra «emergencia social» «situación de excepcionalidad de acceso». Podría servir. Pero para acreditar tales circunstancias, debe adjuntar una solicitud cumplimentada por los servicios sociales del municipio. Llama al teléfono de información, pero no está operativo. Repite varios días. Más de lo mismo. Finalmente contesta un funcionario, pero él no lleva el asunto. Le dice que están saturados. La nueva renta mínima acaba de ponerse en marcha y los técnicos están recibiendo formación. Finalmente acuden Sara y Carmen a los servicios sociales, y les dicen que no les consta la cita. Replican que fue por teléfono. Pero no tienen papel. Pues solicitan una nueva cita con papel. No pueden dársela, porque los trabajadores sociales solo pueden atender a empadronados. Sara sigue describiendo todo este laberinto. Una vez superadas todas estas dificultades, los trámites hay que hacerlos telemáticamente. Y luego llega la espera.

Sara concluye que la ley está pensada para que sea difícil acceder a sus teóricos beneficios. Y que tras hablar con la Asociación de Derechos Humanos comprobó que el caso de Carmen no era el único y ni siquiera el más dramático. Era un caso entre otros muchos. Reconoce que ha recibido apoyo de funcionarios de la administración social que trabajan con vocación y que ven que los mecanismos burocráticos están fallando. El engranaje es muy potente y el funcionario individual puede hacer muy poco, es verdad.

Pero no solo describe el papel de la Administración, también otros aspectos muy negativos de nuestra sociedad actual. La existencia de una caridad institucionalizada, en detrimento de la justicia social, que sería la manera adecuada de resolver este problema. Muchas instituciones caritativas le hacen el trabajo sucio al Estado, el cual así se libera de su responsabilidad. Hay bancos que compatibilizan la práctica de los desahucios con la financiación a instituciones caritativas.

Muestra la aporofobia, el rechazo al pobre. Y este problema ya no es de la Administración, es nuestro como sociedad que rechazamos al que es pobre porque no es como nosotros. Si lo rechazamos estamos provocando y aumentando su marginalidad. Y ese asunto no lo podemos achacar al funcionario sino que es problema nuestro, como sociedad que cultiva unos determinados valores.

Termino con una reflexión. En el libro Vidas al descubierto. Historias de vida de los sin techo, de las sociólogas Elisabet Tejero y Laura Torrabella, nos advierten de la posibilidad de que cualquier persona, en una determinada época de su vida, puede llegar a encontrarse en una situación sintecho. Tal como ha señalado Beck, las teorías de la sociedad del riesgo nos advierten sobre la universalización y democratización de los riesgos, no solo de perder posiciones de bienestar, sino, de manera más radical, verse inmerso en una situación de pobreza y exclusión.

*Profesor de instituto