Cuanto más se acercan las elecciones locales y municipales del 2015, mayor es el ritmo de los partidos mayoritarios en presentar y difundir medidas de regeneración política que les permitan recuperar el crédito entre la ciudadanía. Espoleados por la irrupción de nuevos partidos como Podemos en encuestas muy críticas con un sistema enmohecido por falta de ventilación, el PP y el PSOE compiten con códigos de transparencia y medidas de ejemplaridad para convencer a los votantes de su propósito de enmienda. El último en presentar un documento de regeneración para incluir en su programa electoral ha sido el PP aragonés, recogiendo en 41 puntos los anuncios formulados por la presidenta Luisa Fernanda Rudi en el Debate sobre el estado de la comunidad. No entrará en la prohibición de duplicar salarios de las instituciones y los partidos a favor de un mismo cargo público, condición imprescindible que puso sobre la mesa el PSOE de Javier Lambán para sentarse a negociar esas medidas. Se tratará pues de un documento de parte del que no surgirá el pacto entre los partidos mayoritarios que ansían los ciudadanos. Y eso a pesar de que los propios socialistas ultiman un documento muy similar, con elementos casi calcados, que está siendo objeto de mejoras con aportaciones de simpatizantes y que podría refundirse en uno solo con el del PP e incluso con los planteamientos de otras formaciones políticas si hubiera voluntad.

Dado que parece imposible que se pongan de acuerdo en asuntos tan clamorosos como las puertas giratorias, la falta de garantías en el control del dinero puesto a disposición de los partidos para su funcionamiento, o en el excesivo número de aforamientos judiciales, existen sobre la mesa otros asuntos de gestión que requerirían de altura de miras para buscar la salida menos lesiva para los intereses generales. Uno de ellos, fundamental, se refiere al importante lastre que suponen las empresas públicas como consecuencia de la crisis económica y de su penosa gestión. En su momento fueron palanca de cambio pero hoy suponen un freno que imposibilita el reequilibrio de las cuentas públicas a unos niveles tan preocupantes que los propios gobernantes hablan lo mínimo.

Por citar uno de los ejemplos que me parece más sangrante de los que se han conocido en las últimas semanas, el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA tienen un problema financiero de semejante magnitud por los deterioros y las deudas crecientes de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), que convendría que quienes gobiernan esas administraciones tomaran cartas en el asunto y no pasaran la patata caliente a la próxima legislatura. Si las dos administraciones aragonesas, partícipes junto al Gobierno de España de esta sociedad, no hacen nada para cambiar las cosas, en el plazo de tres años los importes que les corresponderá desembolsar para satisfacer los créditos contraídos serán insostenibles. En el caso de Zaragoza, en el 2018, supondrán una cantidad casi similar a lo que cuesta el transporte público.

Es evidente que la sociedad que se creó para desarrollar los suelos ferroviarios con la llegada del AVE cumplió su papel modernizador con el cubrimiento de las vías, la construcción de infraestructuras como el puente del Tercer Milenio, la nueva variante para que los trenes de mercancías no atravesaran la ciudad y para trasladar la logística al apartadero de Plaza. Pero, convendrán conmigo que un ayuntamiento como el de Zaragoza no puede abordar la campaña electoral sin antes un debate sobre qué hacer con una deuda de semejante magnitud (80 millones durante toda la legislatura 2015-2019, con otro desembolso final de otros 40 a finales de ese mismo año). Aunque el impacto relativo para la DGA es menor, dados sus mayores recursos, la salud financiera de ZAV también es crucial en los costes financieros futuros de la principal administración aragonesa

El ejemplo de Zaragoza Alta Velocidad es válido para formular una petición a los partidos políticos de cara a la campaña electoral. Además de debatir sobre asuntos estructurales que afectan notablemente a la credibilidad del sistema, como los códigos éticos contra la transparencia o la corrupción, corresponde también bajar al terreno de problemas como el de las deudas insostenibles y las fórmulas al alcance de la Administración para aminorar los impactos. Siguiendo con el ejemplo, la única forma de evitar que Zaragoza o la DGA tengan que hacer frente a la deuda contraída por la sociedad del AVE pasa por su venta inmediata a un fondo internacional, perdonando Fomento el cobro de aquellas obras que todavía no ha liquidado, o modificando el planeamiento para permitir una mayor edificabilidad en los suelos y, por lo tanto, conferirles más valor. Puesto que el FROB se creó para rescatar a los bancos, pero no a los ciudadanos, no hay más salidas, y todos los partidos que aspiren a gobernar deberían expresar con claridad por qué solución apuestan, teniendo siempre en cuenta que la última palabra la tendrá el Gobierno de España.