El borrador de la Ley de Función Pública que entrará en las Cortes aragonesas en febrero prohibirá que los ayuntamientos y las comarcas puedan contratar a sus trabajadores a dedo. Cualquier empleado deberá superar la prueba que convoquen las instituciones como oferta de empleo público, aunque se regularizará la situación de los actuales laborales. Los sindicatos están satisfechos con la negociación que ha perfilado la ley. Y las garantías y transparencia que el sistema prevé, permitirá evitar los recelos que hoy existen.
