En un país plenamente democrático resultaría un esperpento, pero en España, donde todavía existe un Senado en el que un partido con apenas el 30% de los votos tiene casi el 60% de los escaños, se sigue debatiendo si el cadáver de un golpista sanguinario como Francisco Franco debe seguir enterrado en un mausoleo de Patrimonio Nacional.
El Gobierno, tras votarse en el Congreso el traslado de los restos de Franco sin ningún voto en contra (PP y Ciudadanos se abstuvieron), ha decidido que la exhumación se realice mediante Decreto-ley. Este procedimiento está contemplado para legislar en situaciones de urgencia, de modo que se pueda actuar cuando la situación requiere una actuación inmediata.
Todos los gobiernos han usado el Decreto-ley, como hizo M. Rajoy cuando decidió aprobar en un plis-plas una amnistía fiscal injusta, vergonzosa e indecente. En este caso, que sólo benefició a corruptos, a delincuentes y a evasores fiscales y que perjudicó a la inmensa mayoría de los españoles, muchos tertulianos condescendientes con el régimen franquista no lo criticaron, sino que alegaron que se trataba de una prerrogativa gubernamental y legal. Pues bien, ahora esos mismos voceros de un rancio pasado ponen el grito en el cielo por el uso del mismo procedimiento.
En el próximo mes de noviembre se cumplirán cuarenta y tres años de la muerte de Franco, un militar traidor a la Constitución que juró defender y contra la que se sublevó usando la fuerza y las armas que el Estado había confiado en sus manos para defenderlo. Pese a ello, todavía existen quienes, algunos incluso se identifican como «historiadores», siguen sosteniendo que Franco se levantó contra la II República para «salvar a España», que su régimen criminal «no fue una dictadura sino un poco autoritario» (véase la voz «Francisco Franco» en el Diccionario de la Academia de la Historia, firmada por Luis Suárez Fernández, expresidente de la Fundación que lleva el nombre del sátrapa de aflautada voz), y que «hay democracia en España porque la trajo» semejante individuo.
Lo que vaya a ser en el futuro el Valle de los Caídos, que, insisto, es una propiedad estatal pagada con el dinero y el trabajo de muchos españoles, ya se discutirá y se decidirá, pero en una sociedad democrática es intolerable que exista un monumento a un dictador canalla que durante cuarenta años represalió, persiguió y reprimió, incluso con decenas de miles de penas de muerte, a cualquiera que disintiera de su régimen. Es urgente y justo; se trata de democracia.
*Escritor e historiador
