La falta de asistencia a los conductores que tienen una avería o un accidente se extiende en toda España. Sigue el desacuerdo del precio del servicio entre las patronal aseguradora Unespa y las dos asociaciones que representan a los dueños de las más de 6.000 grúas que componen el parque español. Hay pocos precedentes de ver cómo la relación desigual entre el cártel asegurador y la agrupación que representa a un millar de autónomos acaba siendo un nuevo castigo para los automovilistas, que pagan sus pólizas con el único derecho a cambiar de compañía sin que apenas se note la mejora. Ahora hay prisas por solucionar un conflicto que debió evitarse desde un principio. Los gobiernos central y autonómico no han sabido ejercer la suficiente presión a las partes enfrentadas para exigirles que su litigio no se traslade a los ciudadanos. Una vez desencadenado y hasta que no se resuelva, es aceptable que las administraciones garanticen los servicios mínimos de retirar los vehículos que entorpecen la seguridad vial. Pero también hay que atacar la cuestión de fondo: el mercado privado no ha sido capaz de regular los precios del servicio de asistencia en carretera. Habrá que dictar normas para restablecer su buen funcionamiento.
