A nadie se le escapa. El retroceso que esta semana hemos vivido en Aragón en la lucha contra el coronavirus está muy ligado a los trabajos de la recogida de la fruta. Las comarcas oscenses de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera y la zaragozana de Bajo Aragón-Caspe están en estos momentos inmersas en toda esa tarea, una de las esenciales, vital para la economía de Aragón, pero que siempre ha requerido de mayor control laboral y sanitario del que ha tenido, y que en un año como este, con el virus campando a sus anchas, todavía debería ser mayor. Ni hay que estigmatizar a esa parte de Aragón porque ninguna de esas comarcas son la zona cero de la pandemia, ni todas las empresas relacionadas con la agroalimentación han hecho mal los protocolos de prevención ni se han saltado la legislación laboral, ni los 80.000 ciudadanos que residen en esos territorios son unos irresponsables, ni las administraciones han hecho todo mal. Probablemente todos los actores que intervienen habrán hecho algo mal y esa suma de factores ha dado estos resultados, pero es verdad que ante la situación creada se ha hecho frente desde la serenidad, la sensatez, coordinación y la máxima responsabilidad de administraciones locales, comarcales y regionales, autoridades sanitarias y empresas, para contener cuanto antes los focos de la pandemia. Pero esto no quita para que sea un momento excelente para reflexionar, corregir, y actuar en consecuencia.
El Gobierno de Aragón ya publicó recientemente una orden con recomendaciones para que los temporeros trabajen de forma más segura y ante el riesgo a posibles brotes. En el texto se contemplaban cuestiones referidas a riesgos laborales, medidas de protección en el transporte, de higiene, gestión de residuos… y se hacía especial mención a tener cuidado en las zonas comunes, como comedores y vestuarios. El pasado viernes, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución referente a los temporeros en la que se instaba a aplicar correctamente la legislación vigente y garantizar el derecho a igual salario por idéntica tarea en el mismo trabajo, también mediante inspecciones laborales nacionales y transfronterizas coordinadas. Y en el contexto de la pandemia el parlamento urgía a la Comisión Europea (un poco tarde) a publicar directrices con disposiciones específicas sobre libre circulación, condiciones de alojamiento y laborales y exigencias sanitarias y de seguridad. Esto significa que preocupación había y que las propias instituciones políticas recelan de que se esté cumpliendo estrictamente con la legalidad. Y no les falta razón.
Porque las condiciones salariales, de vivienda, etc. que han padecido siempre los trabajadores de este sector ahí están. No se cumple lo de pagar el salario mínimo interprofesional o lo que marca el convenio colectivo ni otras condiciones laborales como lo de guardar la distancia de seguridad mientras se hacen los trabajos. Incluso, las organizaciones agrarias protestaron cuando el Gobierno exigía que en el transporte hasta el campo las furgonetas tuvieran un cupo de aforo. Seguramente hay otros muchos empresarios que cumplen todas estas condiciones, y se puede ver, pero también hay muchos que no lo hacen. Y como los temporeros son en su mayoría emigrantes, son muy vulnerables y en muchas ocasiones sus derechos no están contemplados. Por ejemplo, hace unos días este periódico publicó un reportaje de los pisos en donde vivían algunos de ellos en algunos de los pueblos que ahora han retrocedido a la fase 2 por los rebrotes del virus. Hacinados en viviendas donde es muy difícil guardar ninguna distancia de seguridad. Y muchos son los alcaldes que han visto cómo en sus municipios deambulaban estos días por las calles, muchos sin mascarilla, e incluso durmiendo en estaciones de autobuses, cajeros, parques o cualquier otro lugar al raso. Por eso Fraga dispuso el otro día del albergue, aunque tarde, también.
La economía aragonesa precisa, y mucho, del sector agroalimentario, por lo que hay que hacer lo posible porque cambien de una vez todas estas nefastas condiciones. La administración debe ser más cómplice pero con también con los que trabajan, inspeccionando todos los rincones para que en ninguna empresa se incumplan condiciones porque estos trabajadores, vulnerables totalmente, tienen muy difícil reclamar por si solos. Y todas estas malas condiciones, en situaciones tan delicadas como la actual, con el virus sin haberse eliminado y sin saber dónde está, afectan a todos los ciudadanos. La fruta no se puede dejar sin recoger, pero hay que hacerlo evitando riesgos para todos. Por eso el coronavirus debería ser una buen excusa para regular ya de una vez un trabajo que todos los veranos genera algún tipo de polémica en la comunidad. Que no se vuelva a decir que el régimen de funcionamiento de estas empresas es poco ejemplar.
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