Durante estos últimos cuatro años de legislatura uno de los temas que más han transcendido ha sido el del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA).

La respuesta de los ciudadanos en contra de este impuesto ha sido masiva. Más de 90.000 impagos en el recibo del 2016 y más de 106.000 en el último recibo a cobrar del 2017, lo que significa que 300.000 zaragozanos, muy cerca de la mitad de la ciudad, no están de acuerdo con que se paguen de media 17 millones más al año, despues de que ya hayamos pagado nuestros costes de depuración de la ciudad.

Es un caso único en Europa y apuntamos que esos impagos pueden hacerse crónicos cada año de facturación, si no se atienden las demandas masivas ciudadanas.

Como indica la Cámara de Cuentas solo en Zaragoza, hasta el horizonte del 2045, habremos de pagar 543 millones para sufragar los déficits del saneamiento en Aragón, que son las consecuencias de gastos suntuarios en la construcción y mantenimiento de las depuradoras, decidida por una minoría política y que al final lo tenemos que pagar entre todos.

Pero este despilfarro continúa. La política de subvenciones del Intituto Aragonés del Agua (IAA) en estos dos últimos años han llegado a 48 solicitudes, de las 251 presentadas, para construcción y mantenimiento de depuradoras y colectores de pequeños municipios y a las que se dedican la escasas cifra de 9,4 millones de euros. ¿Se ha primado, en las bases de adjudicación, la construcción de depuradoras extensivas y de bajo coste? En absoluto. Solo el 15% de las peticiones son extensivas.

Para este 2019 se han licitado las depuradoras de Ansó, Hecho y Sallent y lo único que se ha hecho es desempolvar los viejos y caros proyectos de hace unos años, cambiando únicamente los números de la carga contaminante. Nos resultan cuatro veces más caras que la depuradora extensiva de Castelserás o la proyectada en Aguaviva. Con estos números los costes del saneamiento solo hacen que crecer y crecer.

Y se nos promete hacer las restantes 15 depuradoras del Pirineo de aquí al 2024 con un coste de 74 millones de euros. Han tenido cuatro años solo para prometer que la depuración del Pirineo, que viene arrastrándose desde hace 25 años, siga sin resolverse a pesar de ser unas obras de interés general. Y tampoco se ha hecho la revisión del Plan de saneamiento y depuración que nos obligaba a realizarlo en el 2015.Cuatro años de legislatura y solo tenemos un borrador.

Nuestras alternativas, desde la Red de Agua Pública de Aragón, siguen siendo las mismas: reducir al máximo los costes y conseguir fondos públicos que hagan que los aragoneses no paguen más de la media española. Para ello los cerca de 100 millones del Plan de Depuración del Pirineo se tendrían que costear con los 142 que se entregaron en el Plan Nacional de Calidad de Agua desde el 2008.

El futuro Gobierno de Aragón, en unión con los ayuntamientos del Pirineo, podría reclamar al Gobierno central los beneficios de la reversión pública de los saltos hidroeléctricos y que estos sirvieran para la construcción y mantenimiento de las depuradoras que en la actualidad solo les ocasionan multas millonarias por contaminar los ríos.

Y en último lugar, que en los presupuestos de la comunidad se arbitren fórmulas para compensar los grandes dividendos que empresas privadas se están llevando con la explotación de las depuradoras y que están recayendo en los aragoneses. Nosotros somos defensores de que se paguen impuestos, menos los que consideramos injustos como el ICA. Otros defienden lo contrario: que disminuyan todos los impuestos menos el ICA

Así, en estas elecciones hay partidos que proponen pagar el ICA tal como está planteado y ofertan que se nos subvencionen las grandes inversiones que tenemos que hacer en la ciudad de Zaragoza y que algunos valoran en 60 millones.

Nuestra postura es que cada administración pague por sus necesidades y que los zaragozanos respondamos por los problemas de depuración que tenemos. Todo menos tener que pagar 543 millones para décadas venideras. Y además porque esta postura lleva a que el Ayuntamiento de Zaragoza pierda su autonomía e independencia. Pagar estos dineros del ICA y atender la renovación del saneamiento de la ciudad es insostenible, y ponernos en manos del Gobierno de Aragón no nos da ninguna garantía. Recordemos la deuda del tranvía, por poner solo un ejemplo.

Para concluir, pensamos que es necesario hacer un estudio completo del estado de la masas subterráneas en Aragón y de las que la propia Confederación Hidrográfica del Ebro nos está alertando de graves incumplimientos debido a la proliferación de granjas de porcino. Sería un dislate que la población a nivel doméstico, el pequeño comercio y las empresas medianas y grandes estén realizando enormes esfuerzos por depurar y otros sectores incumplan la normativa y contaminen nuestros ríos. Basta recordar que el año pasado 34 poblaciones no pudieron hacer uso de las redes de agua potable.

*Miembro de RAPA-Red Aragonesa de Agua Pública