Tengo, en principio, el más absoluto respeto por cualquier tipo de religión, respeto basado no sólo en la necesaria reciprocidad --yo también lo exijo para mis ideas y creencias-- sino que debe estar también avalado por el ejemplo de coherencia y compromiso con una sociedad más justa y más libre de muchos cristianos con los que he compartido y comparto proyectos.
Pero este respeto tiene un límite que ha sido traspasado por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica al organizar una cruzada contra la ampliación del espacio de libertades que está llevando a cabo el gobierno como consecuencia de su compromiso electoral. Está claro que temen perder poder y protagonismo en la sociedad.
Quienes defienden estas posiciones ponen de manifiesto la poca confianza que tienen en su doctrina, recurren a la prohibición porque no son capaces de defender sus ideas en libertad. Si por ellos fuera creyentes y no creyentes tendríamos prohibido el aborto, el divorcio, la vida en pareja, los preservativos... y la religión sería una asignatura obligatoria. ¿Piensan que así les resultaría más sencillo aumentar la afluencia a las iglesias y acabar con la crisis de vocaciones?
La jerarquía Católica no sólo esta demostrando el nulo valor que le merecen las ideas de los demás --se reserva el privilegio de imponer su moral a toda la sociedad-- sino que está recurriendo a argumentos que pueden generar una fuerte crispación social. ¿Cómo se puede decir que se está persiguiendo a la Iglesia? ¿Quién prohíbe a los creyentes practicar su religión? Es evidente que la Iglesia ha optado por la confrontación política. Está en su derecho, pero habrá que actuar en consecuencia. Ya que estamos en un nuevo escenario, se hace imprescindible redefinir las relaciones Iglesia-Estado, avanzando hacia un estado laico en el que no se utilice el dinero público para financiar a ninguna iglesia, y menos cuando ésta pretende recortar las libertades que tanto esfuerzo nos han costado.
*Sindicalista
