Un informe de la Universidad de Zaragoza a petición del ayuntamiento de la capital aragonesa sobre el ICA concluye que el impuesto debe cobrarse, aunque de manera diferenciada al resto de municipios y que no cabe la derogación que pretendía el Gobierno municipal. La solución requiere una razón política y no técnica. El análisis es una herramienta más que debe aportarse a la negociación necesaria entra la DGA y el ayuntamiento, que ya toca.
