La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha comenzado ya la vista oral del juicio sobre el procés. La fiscalía y la acusación popular, que encarna el partido Vox, piden hasta 25 años de cárcel, en el caso de Oriol Junqueras, por diversos delitos, entre los que destacan los de malversación de fondos públicos, sedición y rebelión.

Visto lo visto hasta ahora, aunque sólo han declarado los acusados y faltan cientos de testigos por hacerlo, auguro que serán condenados por delito de secesión en grado menor, que según el artículo 550.2 del Código Penal de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre de 1995 conlleva una condena de 1 a 4 años de cárcel.

Me explico: por lo que las acusaciones han presentado hasta ahora, no se ha visto, de momento, un certificado oficial, factura falsificada o albarán manipulado que certifique documentalmente y de modo incuestionable, que los responsables del gobierno de Cataluña gastaran un solo euro de manera delictiva. Y no me refiero a las percepciones, a las impresiones, a los rumores o a las intuiciones, sino a documentos oficiales y facturas con membrete.

Además, en el juicio oral todos los acusados que se sientan en el banquillo han negado que cometieran los delitos que se les imputan, han declarado su «amor a España y a los españoles», han rechazado cualquier tipo de violencia y han dicho que cumplieron escrupulosamente las leyes y la Constitución.

Tengo la impresión, sin duda equivocada, que el juez que preside la sala donde se está celebrando el juicio anda empeñado en «dulcificar» las relaciones entre las partes, y en acortar el tiempo del juicio para que quede visto para sentencia cuanto antes.

La sentencia se dictará una vez celebradas la elecciones generales del 28 de abril y las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo, cuando ya se hayan constituido los respectivos gobiernos, allá por la última semana de julio, quizás el viernes 28. Y me atrevo a pronosticar que la condena será de 1 año y 20 meses para los exconsejeros y de 2 años para Oriol Junqueras y los «Jordis», y que todos saldrán de la cárcel la primera semana de agosto, con la pena ya cumplida durante la prisión preventiva.

Y a los dos años volverán a presentarse a las elecciones, y la casta política seguirá a lo suyo, y la gente a su trabajo y a sus asuntos. Y así una y otra vez en un bucle interminable y agotador, hasta que alguna de las partes se canse de esta comedia bufa y se ponga manos a la obra, es decir, a «hacer de la Política el arte de lo posible”.

*Escritor e historiador