El clamor para conceder ayudas directas a las empresas golpeadas por la crisis del covid-19 ha venido siendo, desde hace meses, prácticamente unánime desde el mundo económico. Ya desde la pasada primavera, al poco de empezar la pandemia, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defendía esta medida. También las patronales urgieron al Gobierno a actuar en este sentido. Cada mes que pasa, la deuda de las empresas afectadas crece, y el riesgo de quiebra, también. De modo que la aprobación, este viernes, del plan de 11.000 millones en apoyos a compañías viables en problemas por la pandemia es bienvenida, si bien llega desesperantemente tarde para muchos. Si la lentitud de este proceso no se debe solo a cuestiones meramente técnicas, sino a las divisiones internas del Gobierno, la tardanza es incluso más injustificada. Entre que Pedro Sánchez anunció, el pasado 24 de febrero, un plan de 11.000 millones en ayudas a empresas, y la aprobación, del decreto con el detalle de su reparto han pasado más de dos semanas. Los dos puntos que generaban más debate era qué cantidad de ese total serían ayudas directas (finalmente, serán 7.000 millones) y si estas se vehicularían a través de las autonomías o no (el criterio de los ministerios de Economía y de Hacienda se ha impuesto al de otros ministerios y de Podemos, y se ha optado por un modelo de cogobernanza). Y aún habrán de pasar unos 40 días más, como mínimo, para que buena parte de esas ayudas lleguen a sus destinatarios finales, ya que hay que preparar la transferencia a las comunidades y todo el engranaje administrativo. El reloj de la política tiene un ritmo distinto al de la economía.

Del plan hay que destacar, como factor positivo, que la gran mayoría de ayudas (los 7.000 millones mencionados) sean directas, es decir, que no supondrán un mayor endeudamiento. Deberán destinarse a cubrir parte de los costes fijos (alquileres, suministros, proveedores, salarios...), que están ahogando a autónomos y pymes, especialmente. El resto se usará para reestructurar préstamos ICO (3.000 millones) y capitalizar empresas a través de la sociedad pública Cofides (1.000 millones).

El criterio para distribuir las ayudas directas será beneficiar más a quien peor lo está pasando, tanto en términos sectoriales (turismo, hostelería, pequeño comercio) como territoriales. Así, Canarias y Baleares recibirán una proporción mayor (2.000 millones) y los 5.000 restantes se repartirán entre el resto de comunidades según el mismo criterio que se usó con los fondos React EU (caída del PIB, paro y desempleo juvenil). La decisión de que sean las autonomías las que vehiculen estas ayudas directas significa un punto de confianza a los gobiernos autonómicos que están gestionando el día a día de la pandemia. Corresponderá al Gobierno central buscar los apoyos parlamentarios que eviten un escenario como el de la aprobación del decreto sobre los fondos europeos, salvados gracias a los votos de Vox. Pero los gobiernos autonómicos deberán asumir su papel, también aquellos instalados en el constante desvío de responsabilidades hacia el Gobierno central como los empantanados en momentos de suicida inestabilidad política.