La norma conocida como ley mordaza, que entró en vigor a mediados de 2015 y muy polémica por el recorte de libertades civiles, se ha descubierto como una herramienta de fuerte capacidad recaudatoria, como lo demuestra el balance realizado por el Ministerio del Interior. En Aragón, las sanciones sumaron en 2017 casi nueve millones de euros, aunque la mayoría corresponden a las relacionadas con las drogas, ya tipificadas en anteriores leyes de seguridad ciudadana. Pero el incremento de la cuantía de las multas es evidente.