Se le acumula el trabajo, por todo lo que está cayendo, a la Marca España, o como se llame ahora esa oficina creada por el Gobierno de la nación para mejorar la imagen fuera de nuestro país.

Tenemos en efecto a un grupo de exmilitares de alta graduación empeñados en una clara maniobra para generar alboroto y procurar por métodos antidemocráticos la caída de un Gobierno que no gusta nada a la derecha.

Un grupo de viejos nostálgicos del franquismo que ocuparon altos cargos en la etapa democrática, cuando nuestro país pertenecía ya a la OTAN y a la UE, entre ellos generales y algún almirante, y que, ahora, colgado el uniforme en el perchero, se han decidido por fin a sacar pecho.

No tendría demasiada trascendencia el asunto, ni siquiera esa salvajada expresada por alguno de ellos en un tuit de que habría que fusilar a veintiséis millones de españoles, si no fuera porque todo ello parece formar parte de una estrategia desestabilizadora.

Ha salido el Gobierno a defender a las actuales Fuerzas Armadas, por boca de su ministra de Defensa, con el peregrino argumento de que no puede haber nostalgia del franquismo cuando muchos de los militares de hoy ni siquiera saben quién fue Franco .

Tampoco tendría importancia todo ello si no formara parte de una maniobra claramente antidemocrática hacia la que parecen mostrar comprensión los partidos de nuestra derecha e incluso una parte de la prensa, sobre todo de ciertos medios madrileños, que, con el pretexto de la sagrada unidad de la nación, tratan de deslegitimar, por sus apoyos o alianzas, al actual Gobierno.

Y está luego la noticia de que el desaparecido Rey emérito ha pedido regularizar el medio millón de euros no declarado de las tarjetas opacas de las que se sirvieron tanto él como algunos miembros de su familia.

Juan Carlos, del que prácticamente no sabemos nada desde que decidió abandonar el país y refugiarse en los Emiratos Árabes Unidos, trata de evitar así algo que se nos antoja en cualquier caso imposible aunque la justicia sea, según se repite una y otra vez desde el Gobierno, igual para todos: su condena a prisión.

Solo 500.000 euros donados supuestamente por un multimillonario mexicano, banquero de Goldman Sachs, que corresponden a la etapa en la que, habiéndole dejado ya la corona a su hijo, no seguía gozando de inviolabilidad.

¿Qué hay de los 65 millones que supuestamente le regaló su «primo», el rey de Arabia Saudí, por actuar como intermediario en la concesión a Talgo del AVE a La Meca, y que, como otras posibles comisiones, el emérito ocultó a Hacienda, que es de todos?

Pues que el supuesto blanqueo está protegido por su anterior inviolabilidad como jefe del Estado y el posible delito fiscal mientras tanto ha prescrito. Todo cuadra perfectamente. Y mientras tanto, los ex espadones y quienes los apoyan desde los partidos y los medios seguirán gritando: «Viva España, viva el Rey». H