Ceuta es el escenario desde hace años de una situación impropia de un país civilizado. Centenares de sin papeles de diversas procedencias sobreviven en condiciones infrahumanas refugiándose en los lugares más sórdidos de la ciudad autónoma.
Su situación legal está en fase de tramitación y la falta de espacio en los centros oficiales de acogida les aboca a la marginalidad. La lejanía ha mantenido oculta esta situación hasta que dos religiosos han dado la voz de alarma.
El Gobierno debería terminar con esta situación sonrojante. No es suficiente con sacar de la calle a 70 inmigrantes una vez la cuestión ha saltado a los medios de comunicación. Tampoco vale escudarse en la herencia recibida. Es cierto que el anterior Ejecutivo dejó tan enredada la gestión de la inmigración que se necesitará mucho tiempo para recuperar la normalidad, pero tampoco deberían diferirse todas las soluciones al pacto de Estado prometido por el presidente del Gobierno.
Hay que abordar sin demora las cuestiones más urgentes, especialmente las que afectan al respeto de los derechos humanos. No es cuestión de talante, sino de valores democráticos.
