Después de doce años de vigencia y sin que ninguna de las grandes obras que contempla haya sido inaugurada, el Pacto del Agua está abocado a la revisión. De hecho, el propio paso del tiempo lo ha revisado y amenaza con convertirlo en una entelequia. Sea por la complejidad técnica de estos proyectos, sea por las exigencias financieras que acarrean, sea por la reacción judicial que provocan, sea por las reticencias europeas... sea por lo que sea, o sea por todas estas consideraciones juntas, lo cierto es que la velocidad de crucero de las inversiones hidráulicas en Aragón es ridícula. Y no sólo eso, el pacto que nació en junio de 1992 para unir voluntades se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos políticos.

Las comparaciones son odiosas, pero el Plan Hidrológico Nacional, además de encrespar los ánimos de un pueblo, ha puesto de manifiesto que cuando la Administración quiere imprimir ritmo a unas obras no hacen falta pactos. Va para cuatro años (septiembre del 2000) de los primeros trámites del Plan Hidrológico Nacional que convirtió en ley la amenaza del trasvase y, en este periodo, las obras hidráulicas en Aragón han avanzado infinitamente menos que los trámites necesarios y los trabajos previos a la transferencia de caudales felizmente abortada. Por no citar otro ejemplo, como el millonario capital con el que nació la sociedad pública Acesa para dinamizar iniciativas en la cuenca del Ebro y que continúa inmovilizado. Si nos hubiéramos tragado el sapo de los 400.000 millones en inversiones para Aragón, menuda cara se le habría quedado ahora a alguno.

Así las cosas, rasgarse las vestiduras ante la evidencia de que hay que revisar el documento supone tanto como negar que el texto languidece y que se conduce hacia una muerte segura, aunque sea lenta. ¿Quiere decir esto que hay que renunciar a nuevas obras de almacenamiento o a proyectos de mejora en la distribución del agua? Sinceramente, no. Aragón ha vinculado históricamente su desarrollo a la correcta utilización de sus recursos, y el agua es uno de ellos, por lo que renunciar ahora a este principio supondría una ruptura acaso indentitaria para la que ni siquiera tenemos relevo o alternativa. Ahora bien, mantener la mayor cuando toca jugar a la chica, o por lo menos pedir cartas nuevas, no parece la estrategia más adecuada.

En este contexto, hay que desenmascarar de una vez las grandes falacias hidráulicas que han alimentado el ideario de los partidos políticos aragoneses durante las últimas décadas. Cada formación ha buscado su hueco en un discurso cada vez más radicalizado entre supuestos defensores del cemento y de la inundación de los valles y presuntos adalides de la difícil vida en el monte que cuando uno la observa en zapatillas en el salón de su casa calefactada puede resultar incluso romántica. Más que hablar de una vieja o una nueva cultura del agua, conviene beber de las dos fuentes y buscar un pacto verdadero, y no sólo enunciativo. La nueva cultura del agua debe ser un elemento de corrección del rumbo de postulados que hoy se muestran caducos y que contravienen los postulados europeos en la materia.

Una vez mostrada la voluntad de revisión del Pacto del Agua por parte de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, es urgente avanzar acuerdos en Aragón que, al menos, condicionen la postura del Gobierno central con las obras más polémicas. En este sentido, es un acierto que se reúna la Comisión del Agua aragonesa para abordar uno de los proyectos más controvertidos, el del recrecimiento de Yesa. En total, 66 representantes de instituciones, organismos, colectivos y partidos políticos representados en las Cortes de Aragón que deben avanzar soluciones concretas para un problema concreto. Que el río Aragón soportaría otra obra de regulación es un hecho evidente, así como su necesidad para reforzar los prósperos sistemas de regadío de Bardenas y el abastecimiento a Zaragoza capital. Pero siempre ponderando las afecciones a los vecinos perjudicados por la inundación.

¿Debe suponer esta búsqueda del consenso la paralización total de las obras preliminares iniciadas la pasada legislatura y comenzar otra vez de cero? Probablemente, no. Después de lustros de espera, conviene no perder tiempo y, siempre que se intuya compatibilidad entre el proyecto actual y el resultado final, seguir con los trabajos preliminares. De lo contrario, el enriquecedor debate colectivo podría ser utilizado como excusa para entorpecer el desarrollo del proyecto. Desde ayer, la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene en José Luis Alonso a su nuevo responsable. Urge que aclare el futuro de las obras y comprometa la viabilidad del debate político y social con las labores administrativas.

Yesa puede ser la primera obra sometida a debate, pero luego vendrán otros proyectos. Perder la oportunidad de analizarnos uno a uno sin prejuzgar su viabilidad es ahora más que nunca una necesidad. Parecía que con la muerte del trasvase, el debate del agua en Aragón estaba cerrado, cuando en realidad urge reactivarlo.

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