Hace apenas 50 años, en 1958, se constituyó en Francia lo que se llamó la V República. La nueva Constitución sustituía un texto anterior en cuestiones relativas, entre otras, a la elección del Presidente de la República y a las elecciones parlamentarias en general. Una de las razones del cambio derivaba de que el anterior presidente, elegido en 1954, había necesitado hasta 13 escrutinios. Las leyes, la Constitución, son productos de una realidad social y política determinada que está en un cambio permanente, por lo cual, las normas en determinados momentos pueden aparecer como desfasadas e inservibles para afrontar los nuevos retos.

La Constitución del 78 ha permitido el desarrollo social, económico y político en estos 40 años de una manera en la que, la ciudadanía se ha podido sentir representada, cómoda, protegida, identificada, en suma, con unos valores adecuados a los tiempos. La Constitución nace del consenso de fuerzas ideológicas y políticas diversas. Nace con un espíritu positivo, de lealtad y compromiso en su cumplimiento y desarrollo. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Ha habido un proceso continuo de deslegitimación de alguno de sus valores esenciales, tanto por la vía de los hechos como de las declaraciones. La idea democrática de representatividad proporcional y de igualdad ante la ley se ha pervertido en multitud de ocasiones de manera reiterada y obscena. La actitud activa y propositiva ha sido violada por el aprovechamiento depredador y la deslealtad ante la ley y las instituciones en ya demasiadas ocasiones. Se han quebrado principios estricta y esencialmente democráticos como el de que todos los votos valen lo mismo. En España no es así, como sabemos: los votos nacionalistas valen más. La deslealtad institucional es manifiesta, agresiva y totalitaria, algo inconcebible en cualquier estado democrático y por supuesto ajeno al espíritu constitucional.

Y ya para remate nuestro sistema electoral no sirve para facilitar la gobernabilidad. El sistema actual genera incentivos para la deslealtad, para el abuso y dificulta la gobernabilidad y la estabilidad social y económica. O sea, que quizá haya que liquidar, o por lo menos reformar, el régimen del 78 pero por motivos bien distintos de los que señalan los detractores populistas, de derecha y de seudoizquierda.

Y en estos momentos se nos anuncia un acuerdo de gobierno Podemos-PSOE. Antes de constituirse la Cortes, y no sumando, ya se habla de repartos ministeriales. Por fin, y apenas pasados cinco años desde su creación, alguien será vicepresidente ¿Será? Ya veremos.

Sobre este acuerdo, se menciona el precedente de 1979 cuando se coaligaron PSOE y PCE para gestionar los ayuntamientos democráticos. Nada que ver la comparación. En aquel momento, el PSOE venía de 40 años de vacaciones y tenía una militancia muy reducida. El PCE era un partido bien curtido con una cantidad importante de cuadros bien preparados, experimentados, pegados a la realidad y a la sociedad civil e ideológicamente sólidos. De hecho, fueron los cuadros del PCE los que asumieron las concejalías más importantes como Hacienda y Urbanismo. Sin embargo, el PSOE sabía leer mejor el momento de la historia y aprovechar, primero, y nutrirse, después, de la capacidad técnica del PCE. Así, esta colaboración simbiótica dio unos excelentes resultados que transformaron las ciudades y mejoró la vida de la gente. Nada que ver con lo que ofrece Podemos.

Tengo mis muchas dudas de lo que pueda resultar con el acuerdo anunciado. En estos momentos el país no necesita un Gobierno para que se dedique a la gestión cotidiana en un entorno estable y «normal». El país necesita afrontar los retos de una reforma institucional que termine con los problemas de quiebra institucional y restaure los principios de una sociedad democrática, entre otros, que todos los votos valgan lo mismo. Creo que para esto no sería ni siquiera necesario inventarse un Nuevo régimen para el 78. Simplemente una reforma de la ley electoral, cuyos detalles no me atrevo a plantear, que no incentive la deslealtad política e institucional y la desigualdad democrática. Una reforma así requiere el consenso de las fuerzas políticas mayoritarias.

En nuestro caso, la situación actual, en mi opinión, necesitaría de un acuerdo PP y PSOE, pero no para gobernar como en Alemania. Yo creo que la derecha existe y que la izquierda no es igual que la derecha. El acuerdo debería servir para elaborar un presupuesto que pudiera contentar a las partes, para un año y evitar las sucesivas prórrogas presupuestarias que llevamos y para que en el plazo de un año hubiera una reforma electoral que permitiera la gobernabilidad y restaurara principios democráticos elementales. Algo que ya estaba en nuestra Constitución pero que su aplicación lo ha hecho irreconocible y que no incentive privilegios inmerecidos y el chantaje. Aquí es donde hace falta sentido de estado y amplitud de miras.

*Profesor de la Universidad de Zaragoza