Ayer, la gran redada en ayuntamientos de toda España nos puso otra vez de los nervios. O no, que ya hemos hecho callo. O sí, que las Españas andan muy revueltas y todas las partes contratantes pretenden fulminar a sus contrarias, sobre todo las partes más, dijéramos, conservadoras, que acaban de quedarse sin pastel y llevan un cabreo de no te menees..
La presunta corrupción municipal ahora desvelada ha tenido la virtud de desvirgar en estos sucios temas a Ciudadanos, que se ha encontrado con algún munícipe suyo bajo sospecha. Por lo demás, el partido de Rivera ha reaccionado rápido (lo mismo que hizo en su momento el PSOE de Sánchez con el fugaz ministro Huerta o el ya dimitido presidente de la Diputación provincial de Valencia). Y esa aparente voluntad de quitarse velozmente de encima a los imputados... ya es un avance respecto de lo que veníamos viendo.
En lo que acaba de salir a la luz (la contratación a sobreprecio de equipos de control del tráfico innecesarios) hay otros implicados, que al no ser cargos electos han vuelto a quedar en un segundo plano en relación con la lógica furia ciudadana. Los actores que digo son funcionarios con atribuciones técnicas, jefes o exjefes de las policías locales y una empresa del grupo Sacyr. Solo que, como suele suceder, el personal los ha tomado por simples secundarios, cuando son verdaderos protagonistas.
En los ayuntamientos de Huesca y Teruel no se sabe que haya un solo concejal pringado. Pero sí se ha detenido al jefe de la Policía Local de la primera de ambas ciudades, y al actual jefe de la segunda. Los dos, por cierto, miembros destacados de Unijepol, el sindicato de mandos fundado por el gran jefe de los municipales de Fuenlabrada (Madrid) que también estaría involucrado en este complejo y extraño barullo.
La corrupción es un fenomenal problema político, sí. Por otro lado define un ecosistema económico marcado por el ventajismo y la impunidad de los que cortan el bacalao. Repito: o dicho ecosistema es depurado íntegramente... o acabaremos envenenados todos.
