La Justicia ha dictado sentencia sobre el exconcejal socialista Antonio Becerril y el resto de acusados. El tribunal que preside Alfonso Ballestín le considera culpable de un delito de tráfico de influencias, así como de negociaciones prohibidas a funcionario público y abuso en el ejercicio de su función. Por el primero, la condena es de seis meses de cárcel --la mínima que prevé la ley-- y tres años de inhabilitación para cargo público. Ahí radica su señalamiento social, en impedirle ejercer una actividad --la política-- que usó para delinquir, sin respetar la delegación de confianza de los electores. Si los elegidos por la ciudadanía para que ostenten su representación reciben las mínimas condenas posibles por sus delitos, a los electores se les queda la sensación de que no se actúa frente a ellos con la ejemplaridad que merece la gravedad de sus actos.
