En la última semana de enero, FEDEA presentó un documentado informe sobre el futuro de las pensiones en España, titulado Las pensiones públicas: mitos y realidades, que me ha dejado muy preocupado, quizás por mi condición de usufructuario de una pensión pública. La principal conclusión que se obtiene del análisis de los datos numéricos contenidos en dicho informe es que o se lleva a cabo en nuestro país una reforma radical de los criterios para la percepción de una pensión pública, o el sistema se colapsará dentro de muy pocos años, lo que motivará que la cuantía de las pensiones no llegue a cubrir las mínimas necesidades vitales de un pensionista.

Los autores de ese informe contemplan muchas y muy variadas causas de ese probable colapso del sistema español de las pensiones públicas, pero hay una que es la más importante: la elevada longevidad de los españoles y españolas. Ese aumento tan espectacular de la esperanza de vida (el segundo a nivel mundial) ha dado lugar a que en nuestro país hubiera 9,6 millones de personas mayores de 65 años al finalizar 2018 cuando en el año 1980 había 4,7 millones, y a que se prevea que en el año 2050 esa cifra llegue a los 15 millones. Esa ingente cantidad de personas jubiladas ha motivado que al finalizar el año 2018 la diferencia entre lo que el Estado recauda para pagar las pensiones y el gasto que generan ascienda a 19.000 millones de euros. Y lo más preocupante es que se prevé que ese déficit se sitúe cerca de los 40.000 millones a finales del año 2030, dando por supuesto que las tasas de crecimiento económico se mantengan parecidas a las de los últimos años, cosa bastante improbable según todos los expertos.

El informe que estoy comentando ofrece diversas alternativas para mejorar esta problemática, tales como por ejemplo elevar el IRPF de todos los contribuyentes un 23%, una subida media de los salarios del 17,1%, una elevación del 4,8% del tipo medio de cotización que pagan las empresas y los trabajadores a la seguridad social, o creando un promedio de 3,6 millones de empleos en un plazo máximo de cuatro años. Debido a mi desconocimiento de los temas económicos, sería un atrevimiento que opinara sobre la viabilidad de esas hipotéticas reformas. No obstante, he de decir que he leído estas últimas semanas varios artículos de expertos en el tema y todos coinciden en dudar de la viabilidad de esas medidas.

A la vista de esa kafkiana situación, parece evidente que el mantenimiento de nuestro sistema público de pensiones resulta totalmente inviable aplicando solo medidas de tipo económico. Por ello, son muchos los responsables de los partidos políticos que han propuesto otras soluciones, tales como incentivar la natalidad, abrir la puerta a los inmigrantes (otros, en cambio, proponen impedir que entren), aumentar el número de planes de pensiones privados, cargar un impuesto específico a las grandes empresas tecnológicas y a los bancos, etc., etc. Como no quiero enemistarme con ninguno de esos sesudos políticos, no haré ni una sola crítica a esas propuestas de solución. A lo sumo, me limitaré a añadir otra propuesta, con la esperanza de que esta vez los torquemadas que amparándose en el anonimato se dedican a criticar a quienes no comulgan con su ideología, no me pongan a parir.

Si se admite que la edad obligatoria para jubilarse sea a los 65 años, como hasta ahora, y nos creemos las tablas de esperanza de vida que ofrecen los especialistas en demografía, no hay otro remedio que admitir que cada persona que se jubile en España en los próximos años estará cobrando su pensión alrededor de 25 años. Por otra parte, si el ritmo de las prejubilaciones continúa como hasta ahora, el cobro continuado de la pensión se elevaría hasta los 30 años, e incluso hasta los 40 en el año 2050. ¿Hay alguien con un poco de sentido común que crea posible que nuestro país puede hacer frente a esa ingente cifra de miles de millones de euros que habrá que destinar al pago de pensiones de jubilación durante treinta o cuarenta años, sea cual sea el sistema económico, el régimen político y la ideología de los partidos gobernantes? Como estoy convencido de que no será posible, entiendo que la alternativa más realista consiste en aumentar la edad obligatoria de la jubilación, restringir lo máximo posible las prejubilaciones, calcular la cuantía de la pensión en función de lo cotizado a lo largo de toda la vida laboral, e incentivar que cualquier persona jubilada que sea considerada apta para las exigencias intrínsecas de su puesto de trabajo pueda trabajar hasta el momento en que se demuestre que ha dejado de estar capacitada.

Sé que alguien dirá que esa alternativa contribuiría a aumentar el desempleo entre las personas jóvenes y que, por lo tanto, al haber más paro descendería el monto económico que los gobiernos dispondrían para el pago de las pensiones de jubilación. Debido a que no dispongo de más espacio, prometo analizar esa problemática otro día. Permítanme que acabe este artículo diciéndoles que comencé a trabajar a los 14 años y que me jubilaron obligatoriamente a los 70. Pues bien, a pesar de haber cotizado a la Seguridad Social 56 años, pienso que es una injusticia social cobrar una pensión pudiendo rendir en mi trabajo como el que más. H Catedrático jubilado. Universidad de Zaragoza