Dice un refrán castellano que el que tropieza y no cae, adelanta camino. Y a veces ocurre así: vas andando, sufres un tropezón y, para evitar la costalada, avanzas tres o cuatro pasos rápidos y te encuentras de pie unos metros más adelante. También puede ser que te desvíes un poco de tu ruta y, por casualidad, te topes con un brillante gordo como un garbanzo, claro que esto es mucho menos corriente. Eso es lo que le ha pasado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, después de meterse en un jardín a propósito de la dependencia o no de la Fiscalía General del Estado. Un resbalón en plena campaña, que habría evitado un alumno de primer curso de Derecho Constitucional, pero que ha puesto ante los ojos de todos uno de los problemas de fondo del sistema democrático español: la urgente y necesaria reforma de la Justicia, que no solo afecta a la Fiscalía, sino también a los jueces y al resto de los mecanismos que regulan al Tercer Poder del Estado.
Pero, si ese era el brillante, ni Sánchez ni nadie se ha molestado en recogerlo, y mucho menos en llevarlo a tasar. Perritos de Pavlov, con los reflejos condicionados, se han aplicado a seguir el manual de campaña. El autor de la metedura de pata, a seguir metiéndola mientras intentaba justificarla, hasta que se vio obligado a pedir disculpas (mal y tarde, pero las pidió).
El resto, lo previsible: todos corriendo a rasgarse las vestiduras y a denunciar la falta de respeto de Sánchez hacia la independencia de la Justicia… Sorprendente escándalo cuando, al día siguiente, votan a favor de ilegalizar ciertos partidos, o cuando dicen que meterán en la cárcel a Quim Torra, o expulsarán inmigrantes como decía Trump antes de que los jueces le parasen los pies. Y más choca ese amor por la independencia en el partido que nombró fiscales generales, entre otros, a los señores Maza y Cardenal, bajo cuyos mandatos pasó lo que pasó.
Total, que entre el griterío fariseo de unos y las balbuceantes disculpas de otros, nadie ha atendido como merecería al asunto central de este lamentable incidente: la probada querencia de nuestros políticos por colonizar desde los partidos a las instituciones del Estado y, muy especialmente, a la Justicia. Esa y no otra es la cuestión que debería ocupar el debate en vísperas de elecciones, con programas concretos y promesas claras para liberar a jueces y fiscales del ronzal con el que tiran de ellos los partidos desde los primeros tiem-pos de la democracia española.
Empezando por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ahí sigue, presidido por el señor Lesmes, designando jueces para las más relevantes instancias judiciales con evidente desprecio hacia el hecho de que los componentes del Consejo están en funciones desde hace tiempo. Y de que eso aconsejaría más prudencia a la hora de tomar unas decisiones que van a condicionar el funcionamiento de los tribunales de Justicia durante muchos años.
¿Deben elegir los jueces a quienes componen su órgano de gobierno? ¿Deben hacerlo los representantes elegidos por los españoles? ¿Otra fórmula? Todas tienen pros y contras, pero hay una que no tiene ningún pro y esa es precisamente la que seguimos. Lo que no puede ser es que los partidos se repartan las plazas del Consejo por el sistema de cuotas y las cubran con arreglo a sus más desnudos intereses políticos, que es lo que viene ocurriendo. Recuérdese el desliz del senador Cosidó anunciando urbi et orbi la buena nueva del acuerdo con el PSOE para designar presidente al juez Marchena, lo que les aseguraba el control de las salas clave del Supremo antes del calvario judicial gurtelesco, púnico, etcétera. Menos mal que el señor Marchena ha demostrado tener más reflejos políticos que la mayoría de los profesionales y se quitó del medio antes de que el desafuero pasara a mayores.
¿Y qué decir del Estatuto de la Fiscalía General del Estado? Aunque señala la independencia de sus actuaciones, su nombramiento lo hace el Rey… a propuesta del Gobierno y oído (solo oído) el CGPJ. De bien nacidos es ser agradecidos con quien te promociona para un alto cargo, y estoy por ver a un gobierno que proponga a alguien que no esté en plena sintonía con él.
Sin hablar de ese artículo, según el cual «el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público». ¿No convendría aclararlo un poco más, aprovechando este súbito interés de todo el mundo por la sacrosanta independencia del Ministerio Fiscal?
Y, con todo el respeto a la independencia judicial, me parece que sería necesario más rigor a la hora de evaluar comportamientos, decisiones y hasta ideologías poco compatibles con una justicia democrática. Hablo de esos jueces que asisten a mítines de Vox y entonan el Cara al Sol brazo en alto, o de las juezas que redondean el sueldo echando las cartas, o del que insulta a la mujer que ha denunciado a su marido por violencia de género… Mandar a su casa a los jueces que no merecen serlo es un ejercicio indispensable de higiene. Aunque sean una minoría, que lo son, pero pobre del desdichado al que le toca uno de ellos…
Lo más importante, sin embargo, debería ser una sincera voluntad política de respetar la independencia de jueces y fiscales cuando se ocupa el Gobierno. No quedarse en proclamas de respeto que suenan huecas desde que son pronunciadas. Obras son amores, y no buenas razones, otro refrán.
*Diputado constituyente
