Alguien de su confianza debería decirle a Marcelino Iglesias que desde hace unos meses ya no pedalea en el mismo terreno y que ha de cambiar de velocidad. Por usar una metáfora ciclista, ahora no hay montañas (trasvases) que escalar y contra las que competir con el piñón pequeño y el cuerpo encorvado. Al presidente aragonés le toca pedalear en llano con el viento a favor (tres años sin elecciones y en sintonía con el Gobierno de España), moviendo desarrollos largos y, si es capaz de controlar las escapadas, preparando un sprint para el 2007.
Entre el 99 y el 2003, Iglesias gobernó Aragón con una débil mayoría, pendiente del PAR en el Ejecutivo y de IU en las Cortes, reforzada precisamente por el que era su principal problema, la alta tensión con el Gobierno central a propósito del trasvase del Ebro. Con las autonómicas del año pasado el escenario se aligeró, y como candidato del grupo mayoritario en la Cámara aragonesa, el socialista, hasta pudo elegir socio de gobierno. Pero cuando las tornas cambiaron realmente fue el 14-M, con el acceso a la presidencia del Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero. En este nuevo escenario, en el que hay que añadir el nítido liderazgo que Iglesias ejerce en su partido, donde ha sido reelegido secretario general con un 99% de los votos, la exigencia con Iglesias ha de ser necesariamente más alta.
En este contexto, no es de extrañar que las reacciones ante los escasos resultados del primer encuentro del presidente aragonés con su homólogo nacional, celebrado el jueves en La Moncola, hayan sido críticas. Y no sólo desde la oposición, que lógicamente está en su papel y debe fiscalizar a quien ostenta el poder, sino de sus propios socios de gobierno, los aragonesistas del PAR. Siendo justos, y tras haber cumplido Zapatero varias de sus promesas electorales durante los primeros meses de mandato: derogación del trasvase del Ebro, solución, aunque no a gusto de todos, al AVE de Teruel y acercamiento con el francés Chirac para impulsar el túnel de ferroviario de baja cota por el Pirineo aragonés, era difícil que Iglesias pudiera vender más compromisos palpables.
Entre los errores cometidos por Marcelino Iglesias con esta entrevista, por ejemplo que aconteciera sólo un día después de que Maragall sacara pecho nacionalista tras verse con Zapatero, hay uno más grave. El presidente ni se inmutó mientras una parte de la clase política y de la opinión pública calentaba la entrevista con un elemento de confrontación mal explicado durante la semana: la manoseada deuda histórica . Para empezar, hay que reconocer que Aragón no tiene una deuda histórica como tal, al estilo andaluz, sino un déficit crónico en infraestructuras públicas sólo parcialmente enjugado en la última década con las obras del AVE Madrid-Barcelona, que no deja de ser un proyecto que pasa por Aragón pero que beneficia fundamentalmente a las grandes ciudades que une o en las que tiene parada (dos en nuestra región). En el caso andaluz, los 2.500 millones que el Gobierno se ha comprometido a pagar parten del diferencial económico que la Junta de Andalucía dejó de percibir desde 1996 al no aceptar ni en ese año ni en el 2001 los nuevos modelos de financiación pactados por Madrid y las comunidades autónomas.
En ese sentido, la deuda que acumula Aragón, cifrada en unos 340 millones de euros, parte de un problema común a otras regiones: la falta de pago por parte del Insalud de la última factura farmacéutica antes de transferir la Sanidad a las comunidades y la merma de ingresos que supuso la rebaja en tributos cedidos (impuesto de actos jurídicos documentados o transmisiones, por ejemplo). Por lo tanto, se trata de un agravio que debe ser denunciado desde las comunidades perjudicadas, entre ellas Aragón, pero cuya solución no es bilateral sino multilateral, es decir, en una negociación entre el Estado y todas las regiones afectadas. ¿Puede suponer esta conclusión que Iglesias deje de exigir estas cantidades subordinándose a un marco de acuerdo general? No, hay que exigir a la DGA que mantenga la tensión y que llegue donde haga falta para conseguirlo, incluso a los tribunales, pero sin pretender equiparar este problema con la deuda histórica andaluza.
Por lo tanto, lo relevante, además de mantener el pulso con el Gobierno central, sea del color que sea y a pesar de las limitaciones que evidencia el flojo ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, hay que abrir otras vías para que Aragón reciba el trato que merece del Gobierno central. Aragón, como decíamos en el editorial de nuestro periódico del viernes, espera mucho porque lleva mucho esperando. Por lo tanto, la situación que debe poner encima de la mesa del Consejo de Ministros el presidente Iglesias, y a ser posible con más nitidez que el pasado jueves en Moncloa, es que Aragón necesita un trato diferente, una mayor atención y una urgencia que quizás otras comunidades no tengan.
Para visualizar estos avances no basta sólo con buenas palabras ni con climas de entendimiento. Es absolutamente prioritario que todo lo que como oposición al Gobierno de Aznar preconizó el PSOE aragonés se refleje ahora con nitidez en los presupuestos generales del Estado. Hay que dar un impulso real a las obras del Pacto del Agua, se tiene que cerrar un acuerdo con Francia para iniciar el túnel del Vignemale, es urgente dar un acelerón a la autovía Pamplona-Huesca-Lérida y a la mejora de la N-232 entre Zaragoza y Alcañiz, por citar algunos de los asuntos prioritarios. Esa, y no las deudas históricas o las fobias anticatalanas, es la verdadera batalla que ha de librar el presidente. Si hace dos años, Iglesias lanzó un órdago a su patido, cuando declaró en una entrevista a EL PERIODICO que dimitiría si su partido apoyaba el trasvase del Ebro, ahora debería lanzar otro similar. Tan altas son las expectativas que el Ejecutivo central ha de comprender que tiene tres años para recoger el guante del presidente aragonés y satisfacer los compromisos inversores del Estado con Aragón. De lo contrario, dejará a Iglesias muy mermado de argumentos ante la cita autonómica del 2007.
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