La actividad sancionadora de la Administración aragonesa con el sector del juego se ha disparado en el último año y medio. Justo cuando el PSOE se hizo cargo de un departamento que tanto en los gobiernos PP-PAR como en los de PSOE-PAR siempre gestionaron los regionalistas. La mayor parte de estos expedientes obedecen a la falta de control de menores en las salas de juego y al incumplimiento del registro de autoprohibidos. Evidentemente, la mayoría de estos son recurridos sistemáticamente por los empresarios, que discrepan abiertamente con los razonamientos de la Administración. Pero cabe preguntarse también cuántos prosperan y si hay la suficiente diligencia para cobrar las multas.
