Una sentencia del TSJA de julio del 2013 obligaba al Gobierno de Aragón a ofertar empleo público, entre ellos a Educación, en procesos que no se completaron en el 2010 y 2011. Los sindicatos acusan a la consejería de no cumplir los plazos que marcaba la sentencia y esta argumenta lo contrario. Con todo, pretende sacar 190 plazas de las 385 acumuladas, derivando el resto hasta 2016. No puede ser que, incluso con sentencia judicial de por medio, no esté clara la obligación de la consejería. Los recortes, por lo visto, siguen mandando.
