En este medio publiqué el 19-3-2016 el artículo Periodismo versus propaganda. Decía: «Me resulta muy sorprendente el gran interés mostrado por numerosos medios, juristas y políticos por la defensa de la democracia en la Venezuela de Maduro. Ha aparecido Un manifiesto de juristas por los derechos humanos en Venezuela-Libertad para Leopoldo López. Su redacción ha surgido del gabinete de abogados Cremades & Calvo Sotelo. Se han sumado políticos de postín: F. González, J. Mª Aznar, Marcelino Oreja, Alberto Ruiz Gallardón, J. Mª Álvarez del Manzano, Juan José Lucas, Fernando Álvarez de Miranda, etc. ¡Cuanto interés por la defensa de la democracia en Venezuela! ¡Y qué poco por la de otros países, como Colombia o México!» Añado hoy la de otros países como Brasil, Honduras, Bolivia o Chile.

El espurio recurso mediático y político a Venezuela es muy apropiado para ocultar otros temas de más enjundia. Ahora mismo, se han tomado tres medidas muy beneficiosas para una gran mayoría de españoles: la revalorización de las pensiones, la subida del sueldo de los funcionarios y del SMI a 950 euros. ¿Es más importante la recepción a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela? ¿En qué manual de teoría política existe esta figura?

Fijémonos en Brasil y en el apartamiento de la política de Lula. Se hizo a través del Lawfare, que es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Lula fue acusado de recibir supuestamente de una empresa, a cambio de contratos gubernamentales, un lujoso apartamento amueblado al gusto de su (fallecida ya) esposa -que al final no es tan lujoso, tan amueblado, ni, desde luego, tan suyo- y fue condenado a 12 años de cárcel por corrupción. Las pruebas inexistentes. Bastaron las palabras de un empresario corrupto, que a cambio gozó de una generosa reducción de su propia sentencia. Quizá su culpabilidad sea una larga lista de programas y políticas sociales y económicas, de inversión pública y de igualdad racial, social y regional que han dislocado la trayectoria de la historia secular de Brasil.

Pasemos a Honduras. Es muy explícito el artículo de Katu Arkonada Honduras: 10 años de golpes y de neoliberalismo.

«Esta historia comienza hace 10 años, un 28 de junio del 2009, cuando 200 militares encapuchados entraron con nocturnidad y alevosía en la residencia presidencial de Tegucigalpa y sacaron en pijama al presidente Mel Zelaya para, tras un breve paso por una base militar, deportarlo a Costa Rica… El argumento para el golpe de Estado era que Zelaya, un terrateniente que había ganado las elecciones con el apoyo del Partido Liberal, había dado un giro a la izquierda tras conocer las penurias del pueblo hondureño, sumido en la pobreza y violencia, e incluso, con la autorización del Parlamento, había incorporado a Honduras primero a Petrocaribe, y luego al ALBA…

Ahora Bolivia. Sorprende que en la mayoría de los medios de comunicación españoles no hablen de golpe militar en Bolivia. Fue un golpe cívico-policial, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, y empujado por una oleada de violencia sin precedentes que quemó casas de militantes del MAS-IPSP o secuestró personas, dirigida por la derecha racista y reaccionaria, y que masacró a los partidarios de Evo. La excusa para justificar al golpe militar fue el fraude electoral. El CELAG realizó un estudio detallado del informe de la OEA: «¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia del 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA». El informe no aportó prueba alguna para demostrar el supuesto fraude al que aludió el secretario general, Luis Almagro. Evo era, como Lula, un impedimento para el neoliberalismo. Su delito: erradicar el analfabetismo; la Renta Dignidad, una pensión para los mayores de 60 años; el Bono Juana Azurduy de Padilla para reducir la mortalidad maternal e infantil; el Bono Juancito Pinto para evitar el absentismo escolar.

Finalmente Chile, al que dediqué en este medio poco ha el artículo El enigma de Chile. Resulta muy pertinente el artículo Chile a tres meses de la rebelión antineoliberal de Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende. Lo más significativo: «El Gobierno de Sebastián Piñera y el statu quo neoliberal han respondido de la forma más brutal y despiadada. Estado de emergencia y toque de queda con militares en la calle durante la primera semana. Luego ha sido la policía militarizada de Carabineros de Chile la encargada de ejercer la peor de las represiones, comparada sólo con los peores años de la dictadura militar pinochetista. En cifras, hasta el 15 de enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (consultable en la red. www.indh.cl): 412 casos de tortura y tratos crueles, 191 de violencia sexual, entre estos muchas violaciones consumadas. Al menos 3.649 personas heridas (sin contar otros miles de personas heridas, atendidas en terreno por los colectivos de voluntariado de salud en el Movimiento Salud en Resistencia), entre ellas 269 niñas, niños y adolescentes. Heridas oculares, 405 (33 con estallido o pérdida total de la visión, y otras, con pérdida parcial de la visión en el ojo afectado); 2.063 personas heridas por disparos de distintos tipos de arma de fuego y 253 heridas por bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo».

*Profesor de instituto