Las últimas decisiones del Gobierno de Aragón con relación a los estudios universitarios están provocando un clima de división, descontento, decepción y tensiones en La comunidad autónoma que no resulta nada beneficioso para afrontar con éxito la inminente puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior. Ni el tan esperado Proyecto de Ley de ordenación del sistema universitario aragonés (LOSUA) ha respondido a las expectativas que despertó su anuncio, por sus carencias y por sus deficiencias, ni tiene justificación lógica que se haya remitido simultáneamente a las Cortes junto al Proyecto de Ley para el reconocimiento de la universidad privada San Jorge.
Al menos siete de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales que se impartirían en la Universidad Privada San Jorge coinciden con titulaciones a las que aspira la Universidad de Zaragoza. Por ello, el impulso del Gobierno a este proyecto de universidad privada está lanzando a la universidad pública y a los distintos agentes sociales a una especie de tómbola para ver quién pide más o quién se queda con esta u otra titulación. El resultado es francamente lamentable, a poco conocimiento que se pueda tener de la realidad universitaria española y europea y hace un flaco favor a la universidad pública, que debe seguir constituyendo el elemento central del sistema universitario de Aragón, y ello no sólo en el texto de las leyes, sino, además, en la realidad.
El Gobierno aragonés PSOE-PAR, que se vanagloria de haber incrementado año tras año el presupuesto de su única universidad pública, pero al que hay que recordarle año tras año que sus proyectos de presupuestos no garantizan la calidad y la excelencia de la Universidad, no se había preocupado hasta este momento de la importancia de actualizar el viejo debate sobre la revisión de la oferta académica en Aragón ni la implantación de nuevas titulaciones en la Universidad de Zaragoza. Resulta bastante poco creíble que comience a hacerlo ahora, justo cuando tiene que justificar su proyecto de ley para el reconocimiento de una iniciativa universitaria privada. Más parece que el Ejecutivo, en vez de mirar hacia adelante y preocuparse por que la universidad pública de Aragón desarrolle a tiempo su proceso de adaptación al espacio europeo, ha preferido atender a presiones incómodas.
Desde el grupo parlamentario Chunta Aragonesista consideramos que, como marco general de referencia, la LOSUA debería tener, necesariamente, carácter previo a cualquier iniciativa sobre universidad privada, y esta falta de oportunidad en su presentación, y nuestras diferencias con los principios del proyecto constituyen el fundamento de la enmienda de totalidad en la que solicitamos la devolución del proyecto de ley de reconocimiento de la universidad privada San Jorge. Nuestros esfuerzos han estado y estarán dedicados en los próximos meses a tratar de corregir y mejorar la LOSUA a través de una enmienda de totalidad y otras 168 parciales, aunque nos tememos que, ni en el poco probable caso de que estas aportaciones sean aceptadas, tendremos la ley que Aragón y nuestra universidad pública --que debe ser la verdadera prioridad-- necesitan y se merecen.
Pero no nos equivoquemos: el problema de fondo no es que exista una iniciativa privada o no. El verdadero problema es que los plazos para la convergencia europea se están echando encima y en Aragón el Gobierno está obviando todo este proceso de transformación y lanzando a la universidad pública a una situación esquizofrénica. En 2005 se aprobarán las primeras nuevas titulaciones universitarias en el estado español, en 2006, el grueso de la totalidad, y en 2007, las que presenten más dificultades, con el fin de que las universidades tengan tres años, hasta 2010, para implantarlas.
Deberíamos estar pensando en cómo asumir el gran reto de procurar un sistema universitario que facilite la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores, así como la homologación de títulos con todos los países de la Unión Europea, y sin embargo, el Gobierno aragonés, que aún no ha hecho pública su intención de una apuesta financiera clara y suficiente, provoca tensiones entre Zaragoza, Huesca y Teruel para arrancar fuera y dentro del Consejo Social de la Universidad el máximo rendimiento, en una contienda tan absurda como irresponsable que alguien debería intentar reconducir antes de que al final sea demasiado tarde.
*Diputada portavoz de Universidad, Ciencia y Tecnología de CHA en las Cortes de Aragón
